El fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo de la investigación, reveló detalles desconocidos del caso por pensiones «truchas».
SALTA – El fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo de la investigación, reveló detalles desconocidos del caso por pensiones «truchas». No descartó que las imputaciones, aún en análisis, rocen a funcionarios, médicos y nombres conocidos en el sur de la provincia.
En una audiencia celebrada este miércoles ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, el fiscal confirmó la existencia de una investigación que dará mucho que hablar en materia de defraudación al Estado, algo que, a decir verdad, no es nuevo en Salta, donde los funcionarios estatales, tanto del orden nacional como provincial, ya han demostrado que son capaces de sorprender al mismo Sherlock Holmes con sus fechorías.
A partir de una causa iniciada en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en la cual interviene desde 2023, el fiscal informó que inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
En función de ello, y en representación de la Unidad Fiscal Salta, Amad pidió que se declare compleja dicha investigación, la que lleva adelante desde mayo del año pasado. Tiene como objetivo esclarecer un posible fraude en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad en ese municipio.
Como botón de muestra, el fiscal reveló que, hasta el momento, ya tiene 22 personas bajo investigación por su presunta participación fraudulenta. En ese marco, ya realizó 17 allanamientos en oficinas públicas como la ANSES; tanto en J. V. González, como en esta ciudad y en domicilio particulares.
Millones de pesos
De uno de esos inmuebles allanados, casualmente, se procedió al secuestro de una suma de 8 millones de pesos, dinero que seguirá bajo resguardo judicial hasta que se aclare su procedencia y legitimidad. Además del dinero, también se incautaron numerosa documentación y teléfonos que ahora son motivos de pericias.
Tras escuchar toda la batería de evidencias que la fiscalía recolecto, la jueza no dudó en acceder al pedido del fiscal y declaró el caso de carácter complejo, a la vez que rechazó el pedido de la defensa de dos personas investigadas, las que pedían tener acceso al legajo de investigación, algo que está vedado por el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Allí se establece que la defensa recién podrá acceder a su contenido una vez que se formalice la investigación penal.
Sobre este aspecto, el fiscal y la jueza coincidieron y explicaron que el rechazo se basa en la jurisprudencia ya dispuesta por ambas salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que estableció la imposibilidad de superar el límite determinado por dicha norma, aunque sí validó el pedido de información en cuanto al hecho y las personas investigadas, como lo establece el CPPF en el artículo 233.
A propósito, el fiscal sostuvo que cumplió con dicho requerimiento, pues las 22 personas investigadas fueron notificadas de las actuaciones que se llevan adelante. Además, reveló que se realizaron 17 allanamientos y que se secuestraron 8 millones de pesos, numerosa evidencia documental y dispositivos electrónicos sobre los que se está llevando adelante una labor pericial.
Desde mayo del 2024
Sobre el derrotero de las pesquisas, explicó que estas actuaciones de orden preliminar se iniciaron en mayo de 2024, luego de advertir maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad, las que tenían un gran parecido con un hecho que el fiscal inició en febrero del 2023, en la localidad chaqueña de Taco Pozo.
Indicó que, dada su función de fiscal subrogante en la jurisdicción chaqueña de Roque Sáenz Peña, impulsó una causa penal que, desde el 10 de octubre del año pasado, ya tiene un pedido de procesamiento de 14 imputados, entre los cuales hay varios funcionarios públicos, médicos, gestores, autoridades hospitalarias e incluso el jefe comunal de Taco Pozo.
Con estos antecedentes, detectó un similar modus operandi en la localidad de Joaquín V. González con la participación de un médico, cuyo nombre también aparece en la causa abierta en la localidad chaqueña. Explicó entonces que la tarea investigativa iniciada es bastante intensa, pues hay cerca de 10 mil casos bajo análisis, lo que, a su vez, da cuenta del nivel de perjuicio al Estado Nacional de un beneficio que no sólo se habría otorgado de manera ilegal, sino que también se mantuvo en el tiempo, lo que aún resta determinar, entre otros aspectos del caso.
