El fenómeno genera competencia desleal, pone en riesgo a los consumidores y afecta la economía formal. Reclaman controles más estrictos.
En la ciudad de Salta y alrededores, vuelve a encenderse una señal de alerta: crece la comercialización de productos importados de manera ilegal —también conocidos como “truchos”— que ingresan principalmente desde Bolivia y Paraguay. La situación impacta no solo en el comercio formal, que ve cómo cae su nivel de ventas, sino también en los consumidores, que muchas veces acceden a bienes de baja calidad y sin garantías.
Desde la Cámara de Comercio de Salta reiteraron su preocupación tras una nueva caída en las ventas por el Día de la Madre. Más allá del difícil contexto económico, aseguran que la competencia desleal de vendedores callejeros e informales fue un factor clave. “En cada semáforo, en cada esquina, había alguien vendiendo productos para mamá, y nadie hizo nada”, señalaron con desazón.
La problemática no es nueva, pero se agrava. Días atrás, autoridades federales desmantelaron una red de contrabando que operaba en la provincia de Salta, donde se incautaron mercaderías —principalmente ropa y accesorios falsificados— por un valor superior a los $466 millones. En esa causa quedaron detenidas 11 personas, entre ellas varios comerciantes con locales establecidos, algunos en la ciudad de Orán.
Este tipo de maniobras, que se valen de rutas fronterizas poco controladas y del transporte informal de encomiendas, configuran un circuito comercial paralelo que elude impuestos, debilita al comercio legal y representa un riesgo directo para el consumidor.
Impacto múltiple: economía informal, riesgos y falta de control
Los efectos de este fenómeno son múltiples. Por un lado, el comercio formal enfrenta una competencia desigual: los productos importados de forma irregular llegan al mercado a precios más bajos porque no pagan aranceles, IVA ni cumplen con las regulaciones básicas de seguridad y garantía.
Por otro lado, los consumidores compran sin saber con certeza qué están adquiriendo. No hay respaldo legal, ni posibilidad de reclamo. En muchos casos, se trata de imitaciones o materiales de muy baja calidad, que pueden incluso representar un riesgo para la salud o la seguridad.
Además, el Estado deja de recaudar millones por estos movimientos no registrados, y la producción nacional sufre el impacto de la caída de ventas ante una avalancha de productos que no cumplen con las normas del país.
Un problema a la vista de todos, pero sin respuestas claras
Frente a esta situación, distintos actores sociales y comerciales reclaman controles más eficaces: en las fronteras, en las rutas por donde se traslada la mercadería, en los locales que venden productos sin factura ni habilitación, y también en las plataformas digitales donde prolifera la oferta de estos bienes.
La legalidad no puede ser solo un eslogan. El problema es real, visible y cada vez más extendido. Como señalan desde el sector comercial, “no se trata solo de una opción más barata”, sino de una práctica que afecta directamente la economía local, los puestos de trabajo, la recaudación pública y los derechos de los consumidores.
Es responsabilidad del Estado —ya sea a nivel nacional, provincial o municipal— actuar con decisión. La venta de productos importados ilegales no puede seguir siendo tolerada ni normalizada. Salta, como otras provincias, necesita un debate serio y medidas concretas. Porque mirar para otro lado, también es parte del problema.
