La iniciativa preocupaba al Gobierno, pero, gracias a contactos con los gobernadores y con ex aliados, el texto sufrió cambios y tendrá que volver al Senado.
Minutos antes de la votación del proyecto para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia los libertarios estaban expectantes. Como no habían logrado boicotear el quórum de la sesión especial, enfocaron todos sus esfuerzos en lograr -al menos- la modificación de alguno de los artículos del proyecto de ley para que tenga que volver al Senado.
En la Cámara alta el proyecto había sido aprobado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO. De hecho, cerca del presidente de Diputados, Martín Menem, consideran que es difícil que el oficialismo pueda evitar que el Senado insista con el texto original.
Sin embargo, en el oficialismo destacan que será una negociación que quedará para después de las elecciones. Lo mismo ocurrirá ante un eventual veto presidencial de Milei: la insistencia se tratará en noviembre o diciembre. Para esa fecha, el oficialismo espera que el fin de la campaña y el resultado electoral le permitan retomar el diálogo con los ex aliados que colaboraron durante el primer año de gestión. En el mejor de los casos, se trataría en diciembre con la nueva conformación de la Cámara, en la que los libertarios probablemente tengan un tercio de diputados propios que les permita defender cualquier veto.
Además, desde el bloque LLA destacan que los 140 votos positivos muestran que la oposición todavía está lejos de los dos tercios que le permitan rechazar un veto. Ven luz al final del túnel.
En la previa de la sesión, el asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro del Interior Lisandro Catalán buscaron acercarse con los gobernadores para evitar otra derrota legislativa.
Por ejemplo, lograron que los cuatro misioneros de Innovación Federal se abstengan tanto en la votación en general como en particular y que los tres diputados salteños directamente se ausenten, al igual que el rionegrino que responde al gobernador Alberto Weretilneck. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, incluso había protagonizado una curiosa protesta en Plaza de Mayo por falta de obras y fue recibido por Francos y Caputo el día anterior a la sesión.
Los tres tucumanos del bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, también se ausentaron. El chubutense Nacho Torres aportó la abstención de “Loma” Ávila y el entrerriano Rogelio Frigerio hizo lo propio con las ausencias de Francisco Morchio y Marcela Antola. Los primeros dos integran Encuentro Federal y la última Democracia para Siempre. La santafesina Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, también se abstuvo.
En una suerte de “movimiento de pinzas” el presidente de Diputados Martín Menem y su aliado del PRO Cristian Ritondo jugaron fuerte para quebrar la mayoría que aprobó el proyecto en general.
En concreto, lograron que dos ex aliados del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone) se abstuvieran de votar el artículo 3 del proyecto. Algo similar ocurrió con los ex libertarios Carlos D’Alessandro y Gerardo González que ahora integran el bloque Coherencia: ambos pasaron de votar en favor de la ley a rechazar el artículo en particular.
Por otro lado, tres diputados del PRO que suelen votar en contra del Gobierno (Álvaro González, Sofía Barbilla y Héctor Baldassi) también rechazaron el artículo que pone un límite de 90 días para la validez de los DNU. Los libertarios lo atribuyeron a las gestiones de Cristian Ritondo.
Hubo otros diputados que votaron a favor del proyecto en general, pero rechazaron el artículo de la polémica. Fueron tres diputados de la Coalición Cívica (Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego) y los radicales Karina Banfi y Fabio Quetglas. Sin embargo, estas fuerzas ya habían planteado sus diferencias sobre el criterio de poner un plazo de 90 días porque consideran que el Senado “se pasó de rosca”. De hecho, la Coalición Cívica presentó un dictamen de minoría propio sin límite de tiempo cuando el proyecto se debatió en comisión.
El proyecto que volverá al Senado establece que ambas Cámaras deben ratificar los DNU, por lo que el rechazo de una de ellas es suficiente para hacerlos caer. El texto original también establecía un límite de 90 días para que el Congreso se expida. Ese fue el artículo rechazado.
