Los libertarios corrieron a José Luis Espert de la comisión de Presupuesto en un intento de socavar el escándalo de los aportes irregulares. Sin embargo, el Gobierno se expone a una dura derrota que lo obligará recurrir nuevamente al veto presidencial.
El Gobierno logró aplacar la embestida opositora contra José Luis Espert con el anuncio de su renuncia a la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, los libertarios todavía deberán atravesar hoy, en la recta final de la campaña electoral, una sesión especial en la Cámara de Diputados plagada de temas incómodos, como la reforma del régimen de DNU, interpelaciones contra Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos, y el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
La convocatoria presentada la semana pasada tenía entre sus temas principales una iniciativa para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto en medio del escándalo por la transferencia de USD 200 mil que recibió del empresario investigado por narcotráfico Federico “Fred” Machado. Hasta el viernes pasado, el economista negaba haber recibido dinero y el propio Javier Milei rechazaba de plano la idea de bajarlo como candidato bonaerense.
Pero el escenario político cambió durante el fin de semana: Espert renunció a su candidatura y también a la Comisión de Presupuesto. De todas formas, hay proyectos para echarlo de la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral”.
Curiosamente, si bien hay tres proyectos para expulsar a Espert presentados por la peronista Victoria Tolosa Paz, por el radical disidente Facundo Manes y por el Frente de Izquierda, no todos en la oposición -ni siquiera en la bancada de Unión por la Patria- están de acuerdo con avanzar a fondo. “Si entramos en ese juego, después no termina más, van a querer echar a cualquiera solo con una denuncia, es un mal precedente”, explicó un diputado peronista, que además bromeó con que Espert “es como Bruce Willis en Sexto Sentido”.
Como los proyectos para expulsar al economista libertario no están en el temario de la sesión, es necesaria una mayoría especial de tres cuartos de los votos para incluirlos y luego una mayoría de dos tercios para aprobarlos, ya que no tienen dictamen.
El las filas de la oposición creen que será casi imposible alcanzar esas mayorías y además esperan que Espert presente un pedido de licencia para no estar en la sesión y así impedir que el escándalo siga escalando a dos semanas de las elecciones.
De todas formas, la sesión tendrá un alto impacto político y los libertarios hicieron todo lo posible para convencer a los gobernadores de boicotear el quórum. La oposición asegura que tiene los números para iniciar el debate y aprobar el proyecto que más inquieta a los libertarios: la reforma de los DNU.
Se trata justamente del primer tema de la orden del día y busca modificar la ley 26.122 para limitar las facultades del Presidente a la hora de firmar decretos. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, establece un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los DNU. Si el tema no es tratado, los decretos caen. Además, plantea que debe ser explícita la aprobación de las dos Cámaras para que se mantengan vigentes. Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
La reforma del régimen de DNU significaría una restricción muy contundente del margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria. Si se convierte en ley, resultaría prácticamente imposible que el Poder Ejecutivo esquive al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual.
Por otro lado, la oposición avanzará con una interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos por la decisión de promulgar la ley de emergencia en discapacidad pero dejando en suspenso su aplicación por falta de presupuesto.
Los opositores más duros aseguran que si el jefe de Gabinete no se presenta con una reasignación de partidas que permita implementar la ley, avanzarán con una moción de censura, que es un mecanismo incorporado en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución mediante el cual el Congreso puede remover al jefe de ministros por cuestiones políticas.
El proceso es largo y la oposición primero debería aprobar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar ahí los proyectos para interpelarlo y luego removerlo. Francos es considerado el principal representante del ala “negociadora” del Gobierno y se encarga personalmente del vínculo con las provincias y algunos aliados, por lo que una moción de censura en su contra representaría un golpe devastador para la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, el temario incluirá un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para ponerle una fecha tope al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026. La oposición quiere que el dictamen se firme en las primeras semanas de noviembre, antes del recambio legislativo. De esta forma quieren evitar que la discusión se prolongue indefinidamente y que el año legislativo termine sin ningún dictamen. Temen que el Gobierno intente prorrogar por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.
También se discutirá la selección del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y numerosas iniciativas sobre emergencia productiva, financiera, tarifaria y laboral para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Otros proyectos que el oficialismo sigue con atención son los que buscan interpelar a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos ya fueron invitados por la Comisión de Salud para dar explicaciones por el mismo tema, pero no se presentaron.
El temario también incluye la declaración de nulidad de la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre discapacidad, la reafirmación de atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento externo, y el pedido de informes verbales al ministro de Economía Luis Caputo, vinculado a eventuales negociaciones por un blindaje financiero con Estados Unidos.
Por último, se incorporó al final de la sesión la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Representa una fuente de recursos extra para las provincias por lo que podría servir para presionar a los gobernadores para que ayuden a construir el quórum.
