La Cámara Federal de Apelaciones de Salta revirtió un fallo de una jueza federal de Garantías de Jujuy que había declarado ilegal el procedimiento porque había actuado la justicia de la provincia de Jujuy a pesar de que es un delito federal. Para los camaristas, se debe cumplir luchar contra el narcotráfico y no corresponde “hacer lugar a la nulidad por la nulidad misma”.
En línea con un recurso de impugnación presentado por el fiscal federal Federico Zurueta, la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta convalidó un secuestro de 478 kilos de cocaína en Jujuy que había sido declarado nulo por haber sido realizado por la justicia provincial, que no tiene competencia en un delito de jurisdicción federal como el transporte y almacenamiento de estupefacientes.
El 20 de junio pasado, luego de recibir una denuncia anónima que indicaba que una persona de la localidad jujeña de La Quiaca se dedicaba al narcotráfico, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy coordinó un operativo en el que se detuvo a una persona que conducía un camión en el que trasportaba 213 paquetes tipo ladrillos que contenían en su totalidad 228 kilos de clorhidrato de cocaína. Al día siguiente, y con una orden judicial del juez provincial, se allanó un galpón donde se incautaron otros 250 kilos de cocaína.
El caso fue formalizado por la fiscalía jujeña hasta que la justicia provincial aceptó el pedido de inhibitoria realizado por la fiscalía federal de Jujuy que reclamó su competencia.
Sin embargo, el 5 de julio, cuando la fiscalía federal pretendió formalizar la investigación en el ámbito de la justicia federal, la jueza federal de Garantías de Jujuy Carina Gregoraschuk declaró la ilegalidad de la detención y del procedimiento y tener por no formalizada la acusación sosteniendo que la fiscalía y el juzgado provincial no estaban facultados para actuar en el caso porque es un delito de competencia federal.
El fiscal federal Zurueta impugnó esta decisión y el caso llegó así a la la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que, el 6 de agosto pasado, calificó de “arbitraria” la resolución de la jueza Gregoraschuk y convalidó los procedimientos, la detención y el secuestro de los 478 kilos de cocaína.
Los jueces de alzada sostuvieron que una detención por un hallazgo de estupefacientes efectuado por la justicia provincial no la transforma en ilegal ya que existió un control por parte de un juez de Garantías y un fiscal provinciales.
La Cámara agregó que los actos procesales efectuados ante la justicia provincial pueden ser reproducidos una vez aceptada la competencia por parte de la jurisdicción federal sin generar perjuicio alguno para la defensa. Además, hizo hincapié en la cantidad de droga hallada y destacó que todos los actores tienen que “cumplir con una serie de funciones y de compromisos internacionales” para velar por la sociedad y “protegerla del flagelo de narcotráfico”.
Uno de los jueces enfatizó que es conocida la doctrina de la jurisprudencia de la Corte Suprema Justicia de la Nación que “entiende que mientras no haya una ilegalidad en el procedimiento realizado en sede provincial, esos actos son válidos” y que no corresponde “hacer lugar a la nulidad por la nulidad misma” ya que “es necesario que los delitos no rindan fruto, que la investigación de la justicia debe prevalecer, con lo cual la interpretación respecto de este punto es restrictiva”.
Este fallo de la Sala 2 de la Cámara fue impugnado por la defensa del acusado, por lo que fue sometido al control horizontal por parte de la Sala 1, que rechazó el recurso al sostener que, si bien en el procedimiento se debió haber dado intervención a las autoridades federales, “nada inhibe ni impide que la comunicación se haga a la sede provincial” y, en este punto, citaron el fallo “Halford” emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018.
“La lucha debe ser conjunta”
El fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía Distrito Salta -que incluye la jurisdicción federal de Jujuy-, celebró el fallo que reivindica lo actuado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, por un fiscal ubicado en una zona estratégica y da pie para fortalecer los trabajos de investigación conjunta prevista en el artículo 90 y 123 del Código Procesal Penal Federal.
También destacó el fallo el fiscal Omar Mendivil, a cargo de la dependencia del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy en La Quiaca, la que participó en el secuestro de los 478 kilos de cocaína. El fallo “tiene una gran trascendencia e importancia para la sociedad en su conjunto”, sostuvo. “Es un claro mensaje para la sociedad en general y, en particular, para quienes se dedican a la actividad del narcotráfico. Es un fenómeno complejo, interprovincial y transnacional. Por lo tanto, este fallo confirma que la lucha contra el narcotráfico debe ser conjunta, coordinada entre todas las jurisdicciones, provincial y federal. Es la única manera de dar respuestas a la gente ante un fenómeno delictivo tan complejo”, afirmó.
“Lo más lógico, y de hecho es así, es que las distintas jurisdicciones, federal y provincial, trabajen de manera conjunta y coordinada, utilizando las herramientas que la ley pone a su alcance, por ejemplo, los equipos conjuntos de investigación. Esa es la manera de dar respuesta a la sociedad”, ratificó el fiscal provincial.
Sobre la fiscalía jujeña de La Quiaca, Mendivil sostuvo que “obedeció a una planificación estratégica en este nuevo paradigma y modelo del sistema acusatorio adversarial” que rige en Jujuy desde hace diez años. “Se trata de una zona de frontera con una problemática y fenómenos delictivos distintos. La Fiscalía vino a visibilizar delitos o hechos que permanecían en silencio”, aseguró. Y señaló en este sentido que la decisión del procurador general, Sergio Lello Sánchez, de descentralizar y estar presentes en la frontera, “fue clave, con la visión de un trabajo coordinado y conjunto con las fuerzas de seguridad”.
Mendivil destacó que en la actualidad la presencia de las fiscalías de Jujuy “se extiende a toda la provincia, llegando prácticamente a todos los rincones. Esto se traduce en una efectiva tutela judicial, tal como lo mandan la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”, aseguró.
