La Dra. Patricia Funes, jueza de la denominada Corte Internacional de Justicia Real de la Gente, presentó un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, solicitando la revocación de la Resolución Nº 2572, que establece sanciones para los padres que no vacunen a sus hijos según el calendario oficial.
El escrito sostiene que dicha resolución vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos, y principios como la autonomía personal, el consentimiento informado y la protección de datos personales.
Entre los fundamentos principales del recurso se destacan:
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La imposición de medidas sanitarias sin consentimiento informado, lo que a criterio de la autora afectaría la libertad y dignidad de las personas.
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El tratamiento indebido de datos personales, que podría configurar delitos penales o civiles.
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Posible responsabilidad legal de las autoridades firmantes, entre ellos el Ministro de Salud, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Jefatura de Gabinete.
La Dra. Funes cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Tribunal Constitucional Español y de la Corte Suprema de EE.UU., entre otros precedentes.
Asimismo, advirtió que la norma podría implicar figuras penales como abuso de autoridad, coacción, violación de secretos y delitos contra la integridad de menores, y solicitó su revisión urgente.
La medida se inscribe en el marco del nuevo protocolo de vacunación obligatorio en Mendoza, que contempla multas de hasta $336.000, arrestos de hasta 5 días o trabajos comunitarios para los padres que no vacunen a sus hijos, incluyendo sanciones para funcionarios que omitan denunciar los casos.
La presentación concluye señalando que, de no revocarse la resolución, se recurrirá a instancias superiores nacionales e internacionales.
