Javier Milei anunció la semana pasada dos decisiones para proteger el rumbo del gasto público. En la Casa Rosada esperan un clima legislativo tenso hasta fin de mes y hacia el último tramo de la campaña electoral.
El presidente Javier Milei anunció la semana pasada vía cadena nacional dos medidas para ratificar el sendero económico de su gestión ante el complejo contexto electoral: un pedido al Ministerio de Economía para que el Tesoro no financie el gasto primario con emisión, y un proyecto de ley que pena proyectos presupuestarios que impliquen una vulneración del déficit cero.
Ambos anuncios buscan movilizarse esta semana. El primero a través de una notificación oficial al MECON, y el segundo, enviándose al Congreso, eligiendo a Diputados como cámara de origen. Sin embargo, son medidas que buscan ratificar la hoja de ruta económica del Gobierno en el marco de las mayores fricciones con la oposición en el plano legislativo.
La semana pasada, estos bloques más intransigentes le provocaron a los libertarios derrotas en 12 votaciones en la cámara baja. Para los próximos días se espera que casi todos los bloques, salvo los de La Libertad Avanza y los más violetas del PRO, dictaminen los dos proyectos que impulsan los 24 jefes provinciales y que ya cuentan con media sanción del Senado. Esto desembocaría en una nueva sesión antes de que comience septiembre, mes donde se llevarán adelante las elecciones en la provincia de Buenos Aires, unos comicios que se miran muy de cerca desde los mercados.
En su mensaje, Milei anunció que este mismo lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. “El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, puntualizó. Desde el Gobierno todavía no informaron si esta va a realizarse mediante alguna vía administrativa por el Boletín Oficial, o si será una nota interna al Palacio de Hacienda.
Esto, en rigor, era algo que ya se estaba poniendo en práctica, pero el mandatario buscó ejecutar la decisión de manera formal como para brindar mayor certidumbre en los mercados.
Se trata de una coyuntura de particular fragilidad política del oficialismo en el Congreso, la cual está caracterizada por una oposición envalentonada en marcarle la cancha en ambas cámaras con proyectos que tienen un costo fiscal que el oficialismo no quiere asumir. Esto tiene la añadidura de que son acciones que tiene el apoyo clave de legisladores y gobernadores que han oficiado de aliados de La Libertad Avanza y que ahora, por el panorama electoral y un desgaste general con los libertarios, muestran mayor intransigencia.
Es bajo ese mismo contexto hostil en el plano legislativo que el Presidente anunció que en estos días enviará un proyecto de ley para penalizar aquellos presupuestos nacionales que “incurran” en déficit fiscal.
“Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción: cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”, explicó el mandatario en su cadena nacional. El último punto de todos parece ser una invitación a no ser validado por los legisladores nacionales, fundamentalmente porque entra en contradicción con las protecciones parlamentarias que establece la Constitución Nacional.
Fuentes inobjetables del Congreso indicaron que, con seguridad, el camino que tome este proyecto será ingresar por la Cámara de Diputados. Al no haber sido girado, desde el entorno de Martín Menem optaron por no hacer comentarios sobre un posible tratamiento acelerado de esta iniciativa. Pesa un antecedente sobre el oficialismo: y es que en mayo el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado con bombos y platillos el envío de una iniciativa para captar “los dólares del colchón”, pero esta no tuvo avances. Operadores políticos de la Casa Rosada habían afirmado que hasta que no terminase la campaña electoral iba a ser difícil poder impulsar iniciativas propias.
“Con la flexibilización de las metas de reservas, el foco del mercado se desplazó hacia la política”, afirma el último informe semanal de la consultora financiera GMA Capital, que destaca que el Fondo Monetario Internacional ha dado muestras de confianza sobre la gestión económica de Milei y Caputo, aunque sigue con atención a la evolución de la acumulación de divisas.
En una nota de opinión publicada en el sitio institucional del Banco Central, Milei hizo una suerte de complemento teórico del discurso que leyó el viernes por la noche por cadena nacional. Ahí explica por qué, a su juicio, los recientes movimientos del dólar no tendrán efectos inflacionarios y resaltando la importancia de la política monetaria como causa última de la inflación.
Aun así, en la Casa Rosada admiten que “se vienen dos meses de muchísima volatilidad”, producto de las elecciones. Pese a eso, la mayoría de los actores del mercado no dudan de los gestos del Gobierno por mantener el ancla fiscal pese a los intentos opositores de rechazar los vetos o impulsar nuevas erogaciones presupuestarias.
Según GMA Capital, el costo de que Milei no pueda sostener los vetos de Discapacidad y de Jubilaciones es de 0,7% del PBI para este año y 1,2% para el que viene. Las iniciativas de los gobernadores -que pueden conseguir dictaminarse esta semana para ver de tener una sanción en Diputados- implican 0,2% del PBI para lo que queda de 2025 y 0,4% en 2026.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) marca en su análisis de la ejecución presupuestaria que la Administración Pública Nacional registró en los primeros siete meses del año un superávit primario de $9,7 billones y otro financiero de $2,8 billones. En tanto, en el séptimo mes del año el superávit primario fue de $3,0 billones y el financiero de $2,2 billones.
