En paralelo a la sesión de Diputados, distintos sectores reclaman aumentos, presupuesto y freno a los decretos de disolución.
El termómetro social volvió a subir este miércoles frente al Congreso: las fuerzas de seguridad desplegaron un mega operativo para reprimir a los grupos de manifestantes que salieron a las calles para oponerse al ajuste del Gobierno. Desde temprano, columnas de jubilados, trabajadores estatales, científicos, docentes universitarios y personal de la salud pública se concentraron para exigir, una vez más, que se escuche lo que el Poder Ejecutivo decide silenciar con vetos y decretos.
Minutos después de las 16.00, efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre la calle Paraná y rociaron con gas lacrimógeno a un trabajador de prensa que se encontraba en la zona. Unos instantes más tarde, camiones hidrantes avanzaron sobre Avenida de Mayo y rociaron a las personas que intentaban asistir al joven agredido por los efectivos policiales.
El fotógrafo Rodrigo Abd fue otra de las personas agredidas. En diálogo con los móviles televisivos, aseguró que mientras cubría la protesta fue alcanzado por el agua disparada desde el camión hidrante. “El chorro justo me pega en la oreja y me tira al piso, pero ya estoy bien para seguir trabajando. Ahora no escucho bien, porque el chorro es como un golpazo”, comentó.
El reclamo de los jubilados
La Mesa Coordinadora de Jubilados volvió a marcar presencia frente al Congreso, como cada miércoles. Esta vez, el reclamo por el veto presidencial que frenó el aumento de haberes y la prórroga de la moratoria previsional. Junto a ellos, se movilizaron trabajadores del INTA, INTI, Vialidad Nacional y del Hospital Garrahan. La consigna fue una sola: frenar el desguace del Estado y pedir por salarios dignos.
“Nos vetan las jubilaciones y nos quieren hacer desaparecer”, dijo con bronca Beatriz, 72 años, exdocente, mientras sostenía un cartel que decía: “Los jubilados también votamos”. A su lado, empleados estatales mostraban carpetas repletas de informes, proyectos y estadísticas. “Acá están los motivos por los que no se puede cerrar el INTI. Esto no es ideología, es desarrollo productivo”, apuntó uno de los delegados ante los medios que cubrían la convocatoria.
El malestar se viene acumulando hace meses, pero el anuncio de disolución de estos organismos encendió una alarma general. En la Cámara baja, se discute este miércoles la derogación de los decretos que eliminan entes estatales, impulsada por bloques opositores.
Los trabajadores de Vialidad Nacional también llegaron con sus argumentos: “No somos un gasto, somos quienes construimos rutas, controlamos puentes, garantizamos seguridad vial. Nos quieren desaparecer por decreto”, denunció una técnica con más de veinte años de servicio. La misma lógica se repite en todos los sectores afectados: vaciamiento, ajuste y silencio oficial.
A metros de allí también se hicieron escuchar los universitarios, que reclaman un aumento inmediato del presupuesto para poder afrontar el segundo semestre y garantizar el funcionamiento básico. Desde el Garrahan, los trabajadores denuncian la falta de recursos en plena emergencia pediátrica.
Mientras los diputados muestran de qué lado están -si del ajuste o de quienes lo padecen-, afuera el pueblo espera respuestas.
