Javier Milei firmó los decretos el sábado y este lunes se publicaron en el Boletín Oficial. En el oficialismo creen que tienen los votos para defender la decisión en la Cámara de Diputados
El presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) , sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial, al cumplirse el límite del plazo constitucional de diez días hábiles.
De esta manera, tras días de demora, el Ejecutivo rechazó las tres legislaciones, mediante el Decreto 534/2025, argumentando que las iniciativas carecen de fuentes de financiamiento suficientes y presentaron graves irregularidades en su tratamiento legislativo. El veto fue firmado por el Presidente y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.
Con respecto a las jubilaciones, la ley aprobada en ambas cámaras fijaba un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% —excepto los regímenes especiales— y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. Además, planteaba la restitución por dos años de la moratoria, que permite que las personas que no cuenten con los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
Según sus cálculos, esas medidas representan una suba del gasto del 1,68% del PBI y fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” e intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas de octubre.
El proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El Ejecutivo estimó que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
“Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había anunciado Milei ante la Bolsa de Comercio semanas atrás, después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.
La decisión de Javier Milei no se limita a un simple acto de gobierno, sino que se inscribe en un contexto de intensas conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores para sostener el veto con el apoyo de una parte de Diputados, de modo que necesita evitar que haya dos tercios de legisladores presentes que voten a favor de rechazarlo en una de las dos cámaras.
En el oficialismo, el clima es de “altísimo entusiasmo” ante la perspectiva de que la oposición no logre los votos necesarios para revertir los vetos. El bloque de La Libertad Avanza contaría con aliados suficientes para alcanzar el tercio de los presentes requerido para ratificar la decisión presidencial.
El número de diputados que votaría en contra de la insistencia sobre los proyectos aún no está definido, ya que depende de la asistencia y las abstenciones en la sesión. No obstante, el oficialismo estima superar los 80 votos negativos, cifra similar a la obtenida en sesiones previas sobre vetos presidenciales, como las de septiembre y octubre del año pasado, cuando se registraron 87 y 84 votos negativos, respectivamente.
La sesión prevista para el miércoles incluirá una amplia agenda, entre la que figuran el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia, y el tratamiento de decretos desreguladores que afectan organismos como el INTI, INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad. También se debatirán proyectos de los gobernadores para eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y modificar el esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Según informó este medio días atrás, la Casa Rosada analiza presentarles a las provincias una oferta para repartir una parte de los ATN, todavía sin definir el monto, y así atenuar el conflicto.
Los mandatarios provinciales reclaman los fondos del Tesoro y una modificación en la distribución de los recursos que el país obtiene a través del impuesto a los combustibles líquidos.
