Con la firma de Luis Caputo, una resolución dispuso un plazo de ocho meses para traspasar el 100 por ciento del paquete accionario de la empresa de servicios de rampa. El Ejecutivo ya avanzó también con el remate del Belgrano Cargas, de AySA y de Enarsa, todas habilitadas a ser privatizadas por la Ley Bases.
El Gobierno nacional dio otro paso en el proceso de privatización de la empresa de servicio de rampa estatal Intercargo. A través de la Resolución 1067/2025 ordenó iniciar el proceso de privatización, que había sido resuelto y anunciado en marzo, con el objetivo de vender el 100 por ciento del paque accionario en un plazo de ocho meses. El Poder Ejecutivo inció el proceso de vaciamiento en 2024, cuando cortó la asistencia financiera a la empresa estatal, mientras que en noviembre pasado anunció la desregulación del sector.
Esta resolución privatizadora sigue a la anunciada la semana pasada, cuando el Gobierno fijó las acciones para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., para concretar la venta en el plazo de un año. El vocero presidencial Manuel Adorni también anunció el inicio de otro proceso de privatización habilitado por la Ley Bases, el de la empresa de agua Aysa, que abastece de servicio de red y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. En este último caso, la licitación será por el 51% de las acciones para un operador y el resto de las acciones serán rematadas en la bolsa.
Intercargo a la venta
La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, ordena a la Secretaría de Transporte la actualización del inventario de bienes de la empresa, que viene siendo ajustada desde hace un año, con despidos de trabajadores, baja de salarios y falta de fondos para su operación. Además, encargó al secretario Luis Pierrini –quien asumió en mayo tras la renuncia de Franco Mogetta– cumplir con la rescisión del contrato de concesión vigente con carácter exclusivo del servicio de rampa para Intercargo.
De acuerdo a la resolución, la licitación pública tendrá alcance nacional e internacional y deberá cumplirse en el plazo de 8 meses, a cargo de la Secretaria de Transporte y de Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La cartera a cargo de Pierrini publicó la resolución en las redes sociales celebrando que la privitización “busca aumentar la competitividad, fomentar la inversión privada y ampliar la oferta de servicios.”
Desde noviembre pasado, el Poder Ejecutivo inició el proceso de desarme de Intercargo —habilitada para su privatización desde la aprobación de la Ley Bases--, cuando avanzó con el despidos de 15 empleados por realizar asambleas informativas en medio de protestas gremiales por el atraso salarial. Con las noticias de vuelos demorados y como gesto contra la resistencia de los sindicatos aeronáuticos, el Gobierno anunció la desregulación del servicio de rampa, que Intercargo operaba de manera exclusiva.
Desde entonces, se autorizó el ingreso de seis empresas extranjeras para las operaciones de rampa. La primera fue Air Class Cargo, una pequeña empresa uruguaya con sede en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, que comenzó a ofrecer servicios de handling en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con un permiso de 15 años. Un mes después, en febrero, fue habilitada la firma Fly Seg, de capitales argentinos y con operaciones desde desde 2014 para compañías como Iberia, Air Europa, Paranair, JetSmart, Sky, Level y Copa.
En junio fue autorizada la sexta empresa desde la decisión del Gobierno de desregular el sector. Se trató de MNZS S.A, propiedad de la británica Menzies Aviation, con autorización para operar en Ezeiza y Aeroparque. Las otras empresas de rampa habilitadas hasta el momento fueron Global Protection Service S.A., Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.
El paso siguiente, según la resolución publicada en el boletín oficial, será solicitar a una entidad bancaria perteneciente al sector público nacional la tasación del paquete accionario de Intercargo, mientras la Secretaría de Transporte avanza con la elaboración y tramitación de la documentación licitatoria, técnica y contractual.
