La Procuración del Tesoro define la presentación de escritos y cómo encarará la defensa. En la Casa Rosada rechazan que vayan a depositar una garantía mientras avanza en la apelación formal al fallo que le ordenó entregar las acciones.
El Gobierno prepara la estrategia para la próxima audiencia del juicio por YPF, que mantendrá el martes con los fondos demandantes y la jueza Loretta Preska en el tribunal del distrito sur de Nueva York por la discusión del discovery. Se trata del acceso a archivos que reclaman Burford y Eton Park, por los que buscan acceder a información sobre activos estatales.
La Procuración del Tesoro mantiene reuniones internas para definir la presentación de escritos y la forma en que defenderá la postura de la Casa Rosada. En Balcarce 50 aseguran que no se brindará ningún tipo de garantía mientras esté firme el proceso de apelación formal del fallo que ordenó ejecutar la transferencia de las acciones. Este martes se presentó el último descargo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York.
Preska les dio dos semanas a las partes para que intercambien escritos, intenten acordar qué documentación puede compartirse y bajen la tensión que se vivió en su última audiencia conjunta, el martes 15 de julio. En el Gobierno mantienen la postura de que no negociarán con los fondos en encuentros privados, por afuera de los estratos judiciales.
Los demandantes -que ya consiguieron una sentencia a su favor por US$16.100 millones y un fallo para cobrar con parte de las acciones de YPF- piden información que confirme que la petrolera y la Argentina “son lo mismo”, con el objetivo de identificar activos y embargarlos. La orden del equipo legal del oficialismo es cerrar cualquier canal que pueda facilitar esa búsqueda de información.
El Gobierno espera la definición de la Corte de Apelaciones sobre si acepta el reclamo de la Argentina para que suspenda la entrega de acciones mientras apela o si rechaza la petición.
El tribunal de alzada debe elegir qué sala definirá la cuestión. En Nación ya avisaron a ese tribunal -por escrito- que si el pedido es rechazado irán de manera “urgente” a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la última instancia judicial posible.
La Casa Rosada busca evitar que la discusión jurídica se centre en el incumplimiento de la Argentina sobre la ejecución de la sentencia de base (la de US$16.000 millones) y que eso derive en la aplicación de multas diarias. El oficialismo celebró, además, la definición de la Corte de Apelaciones sobre dividir en cuatro las apelaciones que surgieron en el juicio de YPF.
Una es por la sentencia por más de US$16.000 millones que beneficia a los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012. La Corte de Apelaciones fijó este jueves audiencias orales para la semana del 27 de octubre por la apelación de la sentencia de fondo, que tendrán lugar luego de las elecciones legislativas del domingo 26 de ese mes.
El Ejecutivo insiste en que la jueza Preska se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, argumentan en la mesa legal del Presidente en referencia a que si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo —como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales—, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.
El gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae en apoyo de la estrategia argentina para evitar entregar las acciones de YPF. El principal fondo demandante, Burford Capital, ya rechazó la intervención de la administración de Donald Trump y le reclamó a la Justicia norteamericana que no le permita a la Argentina seguir con la apelación sin depositar una garantía.
En medio del proceso judicial, el titular de la Procuración del Tesoro, Santiago Castro Videla, impulsó una reestructuración del organismo a raíz de sospechas de filtración de información de YPF a los fondos. En la mesa chica del jefe de Estado aseguran tener “fuertes indicios” de venta de información confidencial a los demandantes.
