El Ejecutivo nacional anunció que antes de fin de 2025 convocará a una Licitación Pública Nacional e Internacional para adjudicar al menos el 51 % de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El remanente accionarial que permanezca en manos del Estado —hoy dueño del 90 % de la empresa— será puesto a oferta pública en la Bolsa en 2026.
Como parte de la reforma, el Gobierno propone autorizar a la futura concesionaria a suspender el suministro a usuarios residenciales morosos tras dos facturaciones impagas, con intimación previa de 15 días, y permitir aumentos tarifarios trimestrales vinculados al índice de inflación. Asimismo, se evaluará trasladar a los usuarios el financiamiento de nuevas obras mediante cargos adicionales en las boletas.
Hasta ahora, el Artículo 81 de la Ley 26.221 fija que solo tras dos períodos impagos y con intimación fehaciente de 15 días puede restringirse parcialmente el servicio residencial; la suspensión total solo aplica a usuarios no residenciales. Las tarifas, actualmente actualizadas mensualmente por el Ministerio de Economía, y las obras se han financiado con recursos del Tesoro y préstamos multilaterales.
AySA abastece de agua potable a más de 11 millones de personas y de saneamiento a más de 9 millones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos bonaerenses. Con unos 6.200 empleados —20 % menos que a fines de 2023—, la compañía registró en 2024 un superávit operativo de $48.288 millones (constantes), impulsado por subas tarifarias del 317 % durante ese año. Desde la estatización en 2006 hasta 2023, el Tesoro nacional inyectó USD 13.400 millones.
El cronograma oficial prevé que, tras la adjudicación del paquete mayoritario, el 39 % restante se ofrezca en una Oferta Pública Inicial dentro de los 90 días siguientes al cierre de la licitación. El contrato de concesión —cuyo plazo todavía no se definió— mantendrá los activos bajo propiedad estatal.
