El gobierno provincial advirtió que no tolerará nuevas extorsiones ni bloqueos
En Neuquén, el domingo estuvo marcado por las protestas de diferentes grupos mapuches frente a la Casa de Gobierno. A primera hora recibieron una orden de desalojo, la cual se cumplió al mediodía. Allí hubo forcejeos, insultos y golpes, terminando con la detención de 17 personas. Sin embargo, todos fueron liberados a las pocas horas. Esta liberación puso fin, al menos temporalmente, a un conflicto que comenzó el martes pasado.
Según informó el medio local LMNeuquén, la protesta, que comenzó con integrantes de las comunidades Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas encadenados en la entrada del edificio gubernamental, buscaba la obtención de personerías jurídicas.
El sábado, la situación se agravó cuando la Fiscalía emitió una denuncia penal por “perjuicio de la paz social”, lo que derivó en la notificación de desalojo entregada a primera hora del domingo.
La orden, calificada como “urgente”, exigía la identificación e intimación de quienes ocupaban el espacio en las calles Roca y Rioja, bloqueando el acceso de empleados y funcionarios públicos.
El operativo policial se ejecutó pasado el mediodía. Según relataron testigos y participantes, la intervención incluyó forcejeos, insultos y golpes.
Las acusaciones iniciales contra los manifestantes incluyeron desacato y resistencia a la autoridad. El Gobierno provincial anunció que presentará todas las denuncias necesarias para que la Justicia determine las responsabilidades individuales. Además de las seis mujeres, once hombres fueron privados de libertad durante el operativo, en el que fue arrestado también un adolescente de 15 años.
“No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido”, comunicó la Confederación Mapuche de Neuquén en comunicado tras los incidentes. El mensaje, dirigido al gobernador Rolando Figueroa, resume la tensión que se vivió este domingo en la capital provincial y expone el trasfondo de un conflicto que involucra derechos, identidad y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
El gobierno aseguró a Río Negro que “se intentó en todo momento generar una mesa de diálogo”. Incluso, el sábado se solicitó la mediación del obispo Fernando Croxatto, pero el intento fracasó. Según la versión oficial, “no hubo posibilidad por la posición intransigente de las comunidades”.
Horas más tarde del procedimiento policial, el ministro de Coordinación de la provincia, Jorge Tobares, se refirió al hecho y explicó: “Tenemos 87 comunidades y 57 tienen personería jurídica, dentro de ese mundo hay 28 que no la tienen. Dentro de ese universo, se encuentra estas cuatro comunidades que desde hace varios días mantenían una medida de acción directa en la puerta de acceso a la casa de gobierno”.
“Ante la persistencia y el posicionamiento firme que no se retirarían del lugar hasta no tener las cuatro personerías, procuramos buscar un mecanismo de mediación que siempre han servido para flexibilizar las posiciones en la provincia. Lamentablemente, no tuvimos eco en cuanto a revisar las posiciones y frente a esa situación de intransigencia, el Gobierno buscó liberar el espacio público”, añadió.
En ese sentido, sostuvo que el procedimiento para obtener este reconocimiento es “un trámite complejo” y remarcó que todavía no hubo un pronunciamiento al respecto de las comunidades.
“Es el procedimiento lo que tenemos que observar y respetar las vías institucionales, que es lo que no estuvo ocurriendo en estos días. Frente a esta realidad, activamos los mecanismos institucionales, la Justicia dispuso la medida. Se notificó para que desalojaran voluntariamente el complejo y a partir de la resistencia, se actuó y sucedió el episodio”, completó.
