El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz ratificó su competencia y descartó que el expediente sea remitido a Mar del Plata o a Comodoro Py, como pedían algunas de las partes. Sin responsables políticos, la causa tiene por ahora solo cuatro imputados.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz ratificó su competencia para realizar el juicio oral contra miembros de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017.
De esta manera, avanza la elevación parcial a juicio contra el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.
Todos ellos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de la muerte. Son los únicos imputados en el expediente, que aún no determinó responsabilidades políticas del hecho que dejó 44 muertos.
La decisión de la justicia de Santa Cruz, que aún puede ser apelada, resulta clave para resolver el conflictos de competencias que se originó en la causa donde algunas de las partes aseguraron que el juicio se debe realizar en Mar del Plata. Allí “acontecieron gran parte de las causas mediatas del naufragio del submarino”, y es donde “se encuentran muchos de los testigos que serán citados a juicio”, según argumentaron.
Dos defensores también solicitaron que el expediente sea remitido a Comodoro Py. Finalmente, se ponderó que el Juzgado Federal de Caleta Olivia era la sede judicial más cercana al lugar donde se produjo la implosión del submarino, motivo por el cual corresponde al Tribunal Oral Federal de Santa Cruz llevar adelante el proceso.
Para fundamentar la decisión, el Tribunal ponderó los peritajes que arrojaron que “la implosión habría ocurrido al sur del límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, por consiguiente, era competente el Juzgado Federal de Caleta Olivia”.
Al respecto, los jueces fueron categóricos: “No interesa que la tragedia aconteciera más allá de las 200 millas marinas. El ARA San Juan era un buque de guerra, según la definición del art. 29 de la Convención sobre el Mar”.
“Los buques en alta mar están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyo pabellón enarbolan. Por lo tanto, estaba sometido a la jurisdicción del Juzgado Federal de Caleta Olivia”, añadieron los magistrados Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
“No tiene mayor autoridad que las decisiones para navegar del ARA SJ se hayan tomado en CABA o en Mar del Plata. Serían tales decisiones las presuntas violaciones al deber de cuidado. Lo importante es que el resultado habría acontecido en la jurisdicción de competencia de este Tribunal”, destacó la sentencia a la que tuvo acceso TN.
Los camaristas resaltaron que luego del hallazgo del submarino, una vez conocida su ubicación, nadie objetó la competencia territorial.
“La competencia del Juzgado Federal de Caleta Olivia, fue ratificada por todas las partes en todas las instancias pertinentes. El Ministerio de Defensa, la propia Armada Argentina realizó la denuncia en dicha jurisdicción, validando el anclaje territorial desde el inicio”, advirtió el fallo.
“Trasladar la causa a otra jurisdicción a esta altura del proceso, y con el peligro que implica dicho cambio, implica una revictimización directa de los familiares”, aseguraron los camaristas.
Las responsabilidades políticas de la tragedia del ARA San Juan
En caso de llegar a juicio oral, la causa por la muerte de los tripulantes del submarino no tiene hasta el momento a ningún responsable político de la tragedia.
En un tramo del expediente están denunciados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur, pero sin avances significativos.
Oportunamente, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la responsabilidad de dichos funcionarios en el caso.
Concretamente, “deberá indagarse y acreditarse” qué conocimiento tenían Macri y Aguad “sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que llevaba adelante el ARA San Juan” cuando se produjo el hundimiento.
