Una de las iniciativas activa el giro automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Gobierno retiene. La otra elimina fondos fiduciarios y modifica la lógica del impuesto a los combustibles para redistribuirlos. Ambas consiguieron 56 votos y el rechazo de Luis Juez
Tras negociaciones sin destino y en medio de los clásicos reproches entre la Casa Rosada y los gobernadores, una amplia mayoría opositora del Senado -kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales; muchos de los últimos, usuales aliados de La Libertad Avanza- aprobaron y giraron a Diputados dos proyectos de ley que fondean la castigada coparticipación hacia los distritos, que retiene el Ejecutivo. Los textos fueron avalados en la previa por los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las iniciativas incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
En tanto, el segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23.966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.
Hay que destacar que ambos textos fueron presentados días atrás y ni siquiera pasaron por las comisiones correspondientes. Es por ello que, durante el encuentro en el recinto, los mismos tuvieron que ser habilitados con dos tercios, algo simple en el clima actual de la Cámara alta. No es la primera vez que ocurre, aunque en el contexto que se respira en el Congreso, no es sorpresivo.
Lo que lograrían los gobernadores si Diputados sancionara las leyes será, sin lugar a dudas, amortiguar una futura discusión -o no, lo más probable- del Presupuesto 2026, que tendrá que ser presentado por el Ejecutivo en septiembre próximo. Vale recordar que los últimos dos planes de gastos fueron prorrogados por la Casa Rosada, que no tuvieron ni siquiera un minuto de análisis por el Congreso. Al momento de la definición, las dos iniciativas obtuvieron 56 votos a favor y el rechazo del cordobés Luis Juez.
Debate
“La salida está en las provincias. El crecimiento y el despegue, que estoy seguro vamos a alcanzar, pasa por dotar de otra capacidad a los recursos”, aseguró como miembro informante el peronista y vice titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Fernando Salino.
“El superávit no se va a caer con estos proyectos. Ya se cayó y se sostuvo en las provincias, universidades, jubilados y los más vulnerables. Ésta es la verdadera situación. Tienen controlados los principales precios de la economía: acuerdos salariales, tipo de cambio, y precio de bienes y servicios. El jefe de Gabinete -Guillermo Francos-, tan sensible el otro día -cuando se fue del recinto tras la acusación de “mentiroso” de la mega kirchnerista fueguina Cándida Cristina López-, dijo que el cepo fue levantado y es falso”, agregó el puntano.
Salino finalizó: “No estamos creando ningún tributo, cosa que por otro lado no podríamos hacer”. En el mismo sentido se expresó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), quien además advirtió: “Estamos volviendo a un debate del siglo XIX, de centralismo versus autonomías provinciales. Creíamos que habíamos avanzado, pero aparentemente nunca vivimos en un período de centralismo tan discrecional como el que vivimos hoy”.
Otro peronista, el ex gobernador de San Juan Sergio Uñac -hoy en unión con el kirchnerismo- expresó: “Representamos a los pueblos de las provincias y entendemos la situación que se atraviesa y la baja en la distribución de los fondos de coparticipación”. Durante la sesión se mostró con el justicialista catamarqueño Guillermo Andrada, quien sirvió de disparador con dos proyectos de su autoría similares a los que luego se llevaron al recinto.
Por su parte, la legisladora del Pro y usual aliada libertaria -es titular de la jugosa comisión que controla la Biblioteca del Congreso-, Beatriz Ávila (Tucumán), señaló que “las provincias no tienen sólo a su cargo salud y educación”, sino también áreas como “la justicia y, sobre todo, la garantía de la paz social”.
Ávila remató: “Las provincias son preexistentes a la Nación”. En el fondo, aprovechó para quejarse por la potencial importación de azúcar de Brasil, un golpe para una de las principales economías regionales. La legisladora también le pidió a la Casa Rosada que analice por qué se reunieron todos los mandatarios y la Ciudad para empujar estas iniciativas.
El radicalismo también fustigó al Ejecutivo a través de otro catamarqueño, Flavio Fama. El serio legislador sostuvo que la hostilidad de la Cámara alta se produjo “no sólo por falta de diálogo, sino también porque no se conocen las diferentes realidades”.
Fama conjeturó: “Si me decían hace un mes atrás que todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad iban a firmar estos pedidos, hubiese dicho ‘están locos’, pero indudablemente, el loco soy yo, porque pasó. ¿Cómo puede ser que ningún gobernador esté acompañando al Presidente en esto?“.
