La decisión del Gobierno de dar de baja el beneficio previsional de la expresidenta Cristina Kirchnery la pensión del expresidente Néstor Kirchner generó reacciones desde el ámbito legislativo. “La Argentina de (Javier) Milei no va a destinar fondos a una persona condenada por corrupción”, dijo el vocero Manuel Adorni,
La asignación vitalicia a los expresidentes y vicepresidentes está establecida por ley de la Nación, la 24.018 y en diferentes ocasiones se la buscó modificar. La última fue cuando se trató la ley de Movilidad Jubilatoria que vetó el presidente Javier Milei.
El artículo 11 de la ley de Movilidad Jubilatoria que aprobó la Cámara de Diputados, en junio, y luego giró al Senado planteó la eliminación de asignaciones mensuales vitalicias a presidente y vicepresidente, establecidas por el artículo 1º de la ley 24.018, para quienes culminen sus mandatos con fecha posterior a la sanción de esta ley. La Cámara alta descartó ese artículo.
La norma vigente establece que, “El presidente, el vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”.
Esta ley, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem en 1991, ratificó las pensiones vitalicias para el presidente y vicepresidente de la Nación, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, así como para legisladores nacionales. En octubre de 2002 el Congreso sancionó la ley 25.668, derogando la ley 24.018. Sin embargo, el expresidente Eduardo Duhalde, mediante el Decreto 2322/2002, la vetó, salvo en lo referente a los privilegios de los legisladores nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo. Argumentó: “Que corresponde observar el proyecto por cuanto al tratar de combatir privilegios inaceptables contradice principios jurídicos fundamentales y genera mayores desigualdades”.
Proyecto reciente
En los primeros días de octubre de este año, con el respaldo político de La Libertad Avanza y del Gobierno nacional, los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone presentaron un proyecto para ponerle punto final a las jubilaciones de privilegio proponiendo derogar normas que fueron sancionadas durante los gobiernos militares de Jorge Videla y Reynaldo Bignone, y una tercera ley aprobada durante la gestión del expresidente Carlos Menem: “Deróguense las leyes que establecen privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina”. A partir de la derogación, dichas personas pasarían a depender del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
En el artículo tercero del proyecto Falcone aclara: “A partir del cese en sus funciones, el presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato. Dicha asignación mensual será equivalente al 80% de la remuneración del presidente de la Nación en ejercicio”.
En sus fundamentos, Zago y Falcone expresaron: “Consideramos que el pueblo argentino se ha expresado claramente en las urnas en favor de la racionalización del gasto público y la reducción de impuestos, como condiciones necesarias para liberar las fuerzas productivas de nuestro país y superar el subdesarrollo”.
Las jubilaciones de privilegio
En la actualidad, hay 14 expresidentes y exvicepresidentes que cobran jubilaciones de privilegio. Cristina Kirchner percibe jubilación y pensión de privilegio por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner, al igual que Alberto Fernández y Mauricio Macri.
Además, están alcanzados por este beneficio los expresidentes María Estela Martínez de Perón y Adolfo Rodríguez Saa. Las viudas de los expresidentes Fernando de la Rúa, Carlos Menem, Marcelo Levingston y la hija de José María Guido también perciben beneficios. Asimismo, los exvicepresidentes Gabriela Michetti, Julio Cobos, Amado Boudou y Daniel Scioli perciben jubilaciones. El expresidente Raúl Alfonsín, donó más de la mitad de su jubilación al PAMI de Chascomús, su ciudad natal y mientras que el exvicepresidente Carlos Ruckauf renunció a ese beneficio.
Otros antecedentes
En 2022, la diputada María Eugenia Vidal (PRO) propuso la eliminación del beneficio para el presidente y vicepresidente, tal como lo impulsó cuando fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires (2015-2019), con la intención de terminar con asignaciones vitalicias para exgobernadores, exvicegobernadores y exlegisladores de ambas Cámaras del parlamento bonaerense.
Otro antecedente parlamentario data de 2016 y fue representado en 2022 por los diputados Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y la exdiputada Myriam Bregman, todos del Frente de Izquierda, quienes buscan derogar las leyes que otorgan estos beneficios. “Estas tres leyes instauran un régimen de privilegios para una casta especial de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos intolerable”, señalaron los legisladores en sus fundamentos. Aclararon que: “Dos de estas normas fueron sancionadas como ‘decretos/leyes’ en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional por los exgenerales del Ejército condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Videla y Reynaldo Bignone, por lo que gozan de nula constitucionalidad. Pese a ello, aún siguen vigentes”.
En agosto de este año, la diputada Silvana Giudici (PRO) presentó una modificación a la ley que beneficia a expresidentes, exvicepresidentes y exjueces de la Corte Suprema, especificando que “perderán el derecho a pensión vitalicia quedando fuera del presente régimen especial, pasando a regirse por el régimen general conforme a las previsiones de la Ley 24.241, en caso de ser condenados por delitos cometidos mientras se encontrarán en ejercicio de su función pública. En caso de que se tratase de delitos por causa de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y los estipulados en el Título III, ‘Delitos contra la integridad sexual’, Capítulo II del Código Penal, cuando estos tengan condena firme en segunda instancia”.
En sus fundamentos, la diputada Giudici fue específica: “Han tomado estado público diversos hechos de suma gravedad vinculados al expresidente Alberto Fernández, quien a fines de febrero de 2024 quedó formalmente imputado en la causa que investiga el escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en beneficio de intermediarios y empresas privadas vinculadas al entorno presidencial. La denuncia refiere a delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por parte del expresidente.
En el marco de esa causa y de la pericia realizada sobre los dispositivos móviles de la entonces secretaria presidencial, surgieron evidencias de hechos de violencia de género por parte de Alberto Fernández hacia su entonces pareja, Fabiola Yáñez, quien posteriormente realizó la denuncia judicial y refirió públicamente haber sido abusada física y psíquicamente durante los últimos cinco años, sin haber recibido ayuda o acompañamiento de ningún organismo o persona vinculada al gobierno en ese momento”.
