Lo dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. La UBA denunció que los controles violan su autonomía. El funcionario respondió que “hay intenciones políticas”.
Luego de que autoridades de la Universidad de Buenos Aires anunciaran que iniciarán acciones legales para impedir las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) previstas por el Gobierno nacional, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la decisión de controlar los gastos de las universidades públicas nacionales y remarcó que, además, hasta 2022 se habían hecho siempre.
“En 2011 la SIGEN hizo una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y no pasó nada. Hay antecedentes de la SIGEN sobre la UBA y no pasó nada”, dijo el funcionario nacional y advirtió que hace dos años se cortaron. Según Álvarez, ese año la Sindicatura “detectó una irregularidad importante en la Universidad de Tucumán, está en juicio por un desfalco importante, cobraba un canon de una minera para construir la ciudad universitaria y no hicieron nada”.
“Imaginemos que de pronto se dieron cuenta en 2022 que había una puerta abierta para la transparencia y en un acuerdo entre (Emiliano) Yacobitti y (Carlos) Zannini hicieron un dictamen de la Procuración cerrándole la puerta a la SIGEN. Puerta que volvimos a abrir”, destacó Álvarez durante una entrevista concedida a radio Mitre y remarcó que detrás del conflicto “hay intenciones políticas”.
Días atrás el Gobierno anunció que el lunes 28 de octubre comenzarán las auditorías en la UBA. A través de un documento, la SIGEN detalló a principios de esta semana los argumentos por los cuales “es necesario auditar los fondos públicos que el Estado Nacional” gira a las Universidades. “Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos”, afirmó el organismo a cargo de Miguel Blanco.
Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta disposición es “unilateral” y representa una violación de su autonomía constitucional. La universidad sostiene que su administración no puede ser subordinada a la órbita del Poder Ejecutivo por normas de jerarquía inferior a la Constitución. “Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, sostuvo.
Por lo tanto, el Consejo Superior de la UBA instruyó a la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que inicie las acciones judiciales necesarias en defensa de la autonomía universitaria. Esta decisión subraya la importancia de mantener la independencia de las universidades frente a posibles intervenciones externas que puedan comprometer su funcionamiento. “La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo”, respondió el vocero presidencial Manuel Adorni a través de las redes sociales.
Respecto de las acciones de protesta en las universidades, Álvarez las minimizó: “El sistema universitario tiene entre un millón y un millón setecientos mil alumnos. No podemos tomar como referencia a 60 en Plaza de Mayo. Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases, se están tomando exámenes y va a terminar con normalidad el cuatrimestre”.
Además consideró que “cuando hacen clases públicas” los estudiantes y los docentes “cometen un abuso” y acusó a los profesores de obligarlos “porque si no le ponen ausente”. En ese sentido consideró que “están violando el derecho a la educación de los alumnos”.
Alejandro Álvarez se preguntó de forma retórica “dónde está el recorte” si “todos los programas en ejecución están financiados”. Cuando los periodistas de Mitre le respondieron que en los salarios, el funcionario aclaró: “La actualización salarial no está incluida en el presupuesto. Eso va por paritaria. Si la oposición lo quiere incluir, muy bien, que la ponga en el presupuesto. Para eso (está) el funcionamiento republicano del Congreso”. Sin embargó, insistió: “Si te financio las carreras que tenés en ejecución y lo único que hago es no poner la actualización salarial, no entiendo dónde está el recorte”.
