En el Ejecutivo tienen en la mira a la Administración General de Puertos y Corredores Viales. “Ya hay otras áreas que se encargan de esas tareas”, expresó un funcionario del Gabinete.
El Gobierno planea cerrar Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). El motivo detrás de esta decisión es que la mesa chica del Ejecutivo sostiene que “son empresas que multiplican funciones y atribuciones de otras secretarías” y asegura que las disolverá en el mediano plazo.
Se trata de dos empresas que dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya había anunciado además la disolución del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA), encargado de la realización de obras públicas para el acceso al agua potable y cuenta con 269 empleados.
La administración General de Puertos (AGP) es una sociedad del Estado y está compuesta por 581 trabajadores de planta permanente. Tiene a cargo la regulación del puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal junto a las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento de los canales de acceso al puerto. El titular es Gastón Alejo Benvenuto.
La AGP depende además de la secretaría de Transporte, que preside Franco Mogetta. En Balcarce 50 sostienen que duplica atribuciones de la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
Por su parte, Corredores Viales es una sociedad anónima y cuenta con una planta de 3565 empleados. Tiene a cargo el manejo de las principales rutas y autopistas del país. En concreto, son diez tramos de autovías que abarcan casi 6000 kilómetros. El presidente es José Luis Acevedo. El Ejecutivo considera que tiene funciones similares a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El encargado de avanzar con los cierres y las privatizaciones de las empresas públicas es Diego Chaher, que está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Tiene oficinas en Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
La Casa Rosada trabaja también en la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y busca reestructurar la Casa de Moneda. Previamente, ya eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El Gobierno anunció la semana pasada el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que implica el despido de 1388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Publicó además la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT) en el Boletín Oficial.
Tras la sanción de la Ley Bases, Milei tiene la facultad extraordinaria eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten.
Las dependencias del Poder Legislativo y las del Judicial quedaron fuera de la intervención del jefe de Estado. Lo mismo aplica para las universidades, el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Dispone que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.
