EL MILITANTE SALTA – POR IGNACIO UNZUE. – En un país que aún lucha por sanar las heridas del pasado, resulta alarmante y profundamente inaceptable que figuras públicas como Alfredo Olmedo se atrevan a justificar el terrorismo de Estado que asoló a la Argentina durante la última dictadura militar, como acaba de hacerlo. Olmedo, en su afán de provocar y atraer la atención, no solo minimiza los horrores cometidos por el régimen militar, sino que también intenta distorsionar la realidad al equiparar la violencia estatal con los crímenes cometidos por grupos armados antes del golpe de 1976.
El pensamiento que expresa Olmedo representa una distorsión peligrosa del pasado, porque si bien es cierto que antes del golpe militar, grupos terroristas secuestraron, torturaron y asesinaron a argentinos, todos estos fueron cometidos por bandas configuradas al margen de la ley. Tanto Montoneros, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, las FARC y otras organizaciones siniestras como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), constituida a la sombra del último gobierno peronista, fueron infames delincuentes y criminales.
Estos grupos de facinerosos cometieron actos atroces e indefendibles, sin embargo, es esencial subrayar que estos terroristas no eran el Estado, no tenían el poder de policía, ni controlaban la justicia. No montaron un plan sistemático de exterminio, como lo hicieron los militares una vez en el poder. No secuestraron adolescentes, jóvenes y mujeres de manera indiscriminada, ni violaron a mujeres para luego apropiarse de sus hijos. Tampoco desaparecieron a sus víctimas, condenando a sus familias a una angustia interminable y a la incertidumbre perpetua.
Se olvida Alfredo Olmedo que los militares no sólo apuntaron contra los terroristas sino contra todo ciudadano que cometiera el simple delito de pensar distinto. Elaboraron listas negras de intelectuales, artistas, profesionales, a quienes amenazaron de muerte si no salían del país. Los militares fraguaron el “Plan Cóndor” para aplicar este terrorismo junto con otros países dominados por dictaduras militares y mantuvieron cautiva a toda la población literalmente.
Lo que Alfredo Olmedo parece olvidar también, o peor aún, justificar, es que los militares que tomaron el poder en 1976 lo hicieron violando su juramento a la Constitución Nacional. Traicionaron el espíritu sanmartiniano al cual se supone que debían honrar. Bajo su mando, el Estado se convirtió en una maquinaria de terror, implementando un plan sistemático y deliberado de exterminio que incluyó secuestros, torturas, violaciones y desapariciones forzadas. Estos crímenes, amparados por la estructura estatal, no tienen comparación posible con los actos de terrorismo de los grupos armados. El Estado, con todo su poder y recursos, utilizó su aparato para perpetrar atrocidades a una escala inimaginable.
Además de los crímenes cometidos, los militares dejaron un país endeudado, sumido en una crisis económica y social profunda, y con una generación de jóvenes enviados a una guerra mal preparada y mucho peor conducida en las Islas Malvinas. Esta es la herencia del terrorismo de Estado que Alfredo Olmedo pretende justificar, una herencia que ha dejado cicatrices profundas en el tejido social de la Argentina.
Como político, o al menos como alguien que aparenta serlo, Alfredo Olmedo debería trabajar por la paz y el progreso del país, no por exhumar un pasado que solo divide y causa dolor. En lugar de justificar lo injustificable, debería enfocarse en construir un futuro en el que los horrores del pasado no se repitan. La apología del terrorismo de Estado es una traición a la memoria de las víctimas y un ataque a los principios fundamentales de los derechos humanos y la democracia.
La justificación de los crímenes de la dictadura por parte de Alfredo Olmedo no solo es inaceptable, sino que también es peligrosa. Al intentar equiparar los actos de terrorismo cometidos por grupos armados con el accionar sistemático y brutal del Estado, Olmedo no solo falta a la verdad, sino que también contribuye a la perpetuación de un discurso que amenaza con reabrir viejas heridas y dividir aún más a la sociedad. Como ciudadanos, debemos rechazar firmemente cualquier intento de justificar el terrorismo de Estado y recordar que la paz y el progreso solo pueden construirse sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia.