Andrés Leake, autor de la investigación “La deforestación en el Chaco Salteño”, opinó sobre los decretos anunciados por Urtubey para la protección del medio ambiente.
Mientras Greenpeace sostiene en alto la campaña contra los desmontes en Salta y señala a Juan Manuel Urtubey como el principal responsable de la depredación del medio ambiente de la provincia, el gobernador anunció ayer la creación de una Agencia de Protección Ambiental (APAS) y la incorporación de casi 1,6 millones de hectáreas a las áreas protegidas.
Sin embargo, el anuncio dispara también algunas dudas, como en el caso de Andrés Leake, investigador y autor de “La deforestación del Chaco Salteño 2005-2014”, unt rabajo en el que reunió documentación sobre la pérdida del bosque nativo la región.
“Para mí es más que obvio que es una reacción a la campaña de Greenpeace, una acción más política que otra cosa”, dice a LA GACETA. “Duplicar la superficie de áreas protegidas no tiene mucho significado hasta que no se sepa cuál es la superficie y cuáles superficies son”, agrega.
Para Leake, la conservación “no pasa solamente” por aumentar la superficie protegida sino que debe determinarse con transparencia dónde están y “bajo qué condiciones”. “Si la superficie coincide con las ya delimitadas zonas rojas, el valor ya es mínimo”, dice.
“El problema es que no hay transparencia, al igual que el supuesto convenio entre Salta y el Ministerio de Ambiente de Nación y los productores de las 32 fincas. Al no haber un documento oficial, uno está analizando a ciegas”, agrega.
Leake, miembro también de la Fundación Refugio, también señala que la actual Secretaría de Ambiente “tiene poderes suficientes” para fiscalizar, controlar y sancionar a quienes realicen desmontes ilegales, atribuciones que ahora pasarán a ser de incumbencia de APAS. “La fiscalización debe ser hecha por una entidad con presupuesto. Los instrumentos para fiscalizacion y consulta ya están ¿por qué hay que crear más? ¿por qué no funciona lo que ya está? Si no funciona dentro de la secretaría de ambiente, ¿por qué va a hacerlo dentro de una agencia?”, cuestiona.
Gran parte de las tierras que se incorporan a las áreas protegidas pertenecen a terrenos fiscales, como en el caso de los lotes 14 y 55, en Rivadavia, que suman unas 600.000 hectáreas y que se encuentran asignados a comunidades aborígenes y criollas.
Otros catastros incluidos en el decreto se encuentran en en Rosario de la Frontera, Anta, Cafayate, Orán, Capital, San Martín, Cachi, Rosario de Lerma, Rivadavia, Los Andes y San Carlos.
Para Leake, que se trate de tierras fiscales significa en muchos casos que el efecto de conservación y protección ambiental no se produzca. “En general implica restricciones para gente criolla-indigena que viven en ellas, o hacen uso de las mismas. Como mínimo deberia hacerse un relevamiento de la situacion socio-económica actual en todas las superfices a ser afectadas, pues cualquier restriccción de uso de recursos naturales podría tener un efecto adverso en economías de subsistencia de gente que ya sufre mucha pobreza”, agrega. “Es una reacción política corto placista, cuando en realidad se debería estar trabajando una estrategia integral de conservación de biodiversidad, producción y bienestar social de las poblaciones rurales”.
Fuente: La Gaceta
