La salida del presidente español Mariano Rajoy tras la condena que dispuso la Audiencia Nacional de España a distintos referentes del Partido Popular (PP) por hechos de corrupción, tiene su correlato salteño en la empresa La Moraleja SA.
En Salta, la empresa tiene una finca en el departamento Anta donde se producen limones y sus derivados para venderlos a la multinacional marca de gaseosas Coca Cola.
Según las investigaciones que se hicieron en España y se plasmaron en una sentencia de más de 1600 fojas, se derivaron tres millones de euros a los empresarios Ángel Sanchís (ex tesorero del PP) y su hijo Ángel Sanchís Herrero, a través de sus empresas, entre ellas La Moraleja SA. A ambos se los condenó a un año de prisión por “blanqueo de capital”.
De los tres jueces que dictaron la sentencia, uno votó en contra de esa decisión al entender que la prueba conformada para la condena se basaba solo en indicios.
Los empresarios son acusados de haber recibido en calidad de préstamo por parte de una Fundación conformada por Luis Bárcenas, tesorero del PP. El mencionado tesorero es considerado como una “pieza fundamental” en este entramado de corrupción, advirtiendo, incluso, de que su fortuna de Suiza se nutría “con fondos provenientes de comisiones” que recibía por intermediar “en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”.
Una compleja trama operativa
En la sentencia se explica la operatoria utilizada para este fin: se simuló la concesión de un préstamo de 3.000.000 de euros a Sanchís Perales por parte de Bárcenas en nombre de la Fundación SINEQUANON.
El contrato indicaba que el plazo del préstamo era por diez años estableciéndose un período de carencia de cinco. Los fondos salieron de la cuenta que tenía Bárcenas a nombre de la fundación panameña en el Dresdner Bank, en Suiza, a otra del HSBC de Nueva York, a cargo de Brixo SA, entidad uruguaya vinculada a la familia Sanchís.
“Una parte de dichos fondos fue, a su vez, posteriormente transferida a cuentas de otra sociedad relacionada con la familia Sanchís, la argentina La Moraleja SA, en cuya administración intervenía Angel Sanchís Herrero”, indica la sentencia. Otra parte de esos fondos se trasfirieron desde Brixo a la sociedad uruguaya Rumagol.
Los jueces aseguraron que para reintegrar el dinero a Bárcenas, él junto a los Sanchís idearon “una compleja operativa”, al momento de denunciar que ambos Sanchís conocían sobre el “origen delictivo de los fondos” procedentes del cobro de porcentajes para hacer ganar licitaciones en España a algunas empresas y del apoderamiento de fondos del PP y de su ocultación a la Hacienda Pública.
A su vez, los Sanchís firmaron con Bárcenas un contrato por el cual desde La Moraleja se recibía un trabajo de consultoría por parte de CONOSUR LAND SL (de Bárcenas) que, según los jueces, tenía por objetivo retribuir el dinero supuestamente prestado y, por lo tanto, darle carácter de lícito. Como contraprestación de supuestos servicios que para los jueces nunca fue real, se había fijado una retribución anual de 100 mil dólares.
Comer en Suiza y volver
Entre las pruebas mencionadas por los jueces, indican que en su declaración Sanchís padre fue consultado por qué salió a Suiza desde Francia, en lugar de volver a España, en donde finalmente terminó su viaje. “Cuando fue preguntado por qué se desplazó a Suiza, manifestó que ya estaba jubilado y que viajar a Suiza era una buena excusa para ir a comer a un buen restaurante y volverse luego para casa”.
Sucede que los jueces entendieron que la visita gastronómica a Suiza no fue tal, sino que era una forma de revisar sus cuentas ante el estallido mediático del llamado caso Gürtel.
Desmonte y beneficios
Desde 1998 el gobierno salteño, en manos de Juan Carlos Romero, benefició a la empresa de los Sanchís con créditos de promoción fiscal.
El beneficio continuó hasta 2011 durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey quien, tras ser consultado en aquellos años por la situación judicial de los dueños del emprendimiento, restó importancia a la situación.
Con la venia de Juan Carlos Romero, La Moraleja fue autorizada a desmontar 3000 hectáreas pese a que se había sancionado la Ley de Bosques Nativos el 28 de noviembre, que prohibía cualquier desmonte hasta tener el Ordenamiento Territorial. Esas hectáreas desmontadas fueron categorizadas en zona roja.
Fuente: Nuevo Diario
