La causa que investiga al exvicepresidente, Amado Boudou, por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles en la compra de la empresa Ciccone Calcográfica entró en su etapa final. La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para el exfuncionario tras exponer los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4.
Además, el organismo que conduce Laura Alonso solicitó una multa de 90 mil pesos para el exfuncionario e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por otra parte, la OA requirió cinco años de prisión para el amigo y socio del exfuncionario, Núñez Carmona, y un año y seis meses para el supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele. A estos se suman pedidos de 3 años y ocho meses para Nicolás Ciccone, tres años para Resnick Brenner y 2 años y cuatro meses para Forcieri.
El organismo afirmó que quedó demostrado que Boudou, como ministro de Economía, “actuó disciplinando a un montón de reparticiones públicas para un negocio privado“. También advirtió, a través de sus abogados Matías Rey y Natalia Pereyra, que los testigos contra el ex vicepresidente fueron amenazados o denunciados por falso testimonio y hasta incluso despedidos del Estado cuando comenzó la investigación en 2012.
“La prueba que hemos conseguido en el juicio supera el testimonio de Vandenbroele como arrepentido”, afirmaron al sostener que “Boudou, como ministro de Economía, tuvo injerencia para que se realizara un negocio”.
Para el 30 de mayo se esperan los alegatos de la Unidad de Información Financiera, mientras que el 5 de junio será el turno del fiscal de juicio Marcelo Colombo. Las defensas de los procesados hablarán a partir del 19 de junio. Así, las querellas y la fiscalía deberán resolver si acusan a cada uno de los juzgados y qué penas piden al Tribunal para delitos que prevén hasta seis años de prisión.
