A pesar de las ultimas noticias donde la suprema corte de justicia de la nación intima al gobierno provincial a derogar el decreto 1170 respecto al aborto no punible, la familia de la nena de diez años embarazada decidió continuar con el embarazo a pesar de los altos riesgos de salud que pueda tener la pequeña.
El gobernador JUAN MANUEL URTUBEY resolvió hoy adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción del Embarazo, decreto que fue elaborado por el Gobierno nacional en 2015. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario hizo pública esta determinación que deja sin efecto el decreto provincial 1170/12.
“Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015”, dijo el Gobernador a través de su cuenta de Twitter.
La noticia sobre la nena salteña que fue violada y quedó embarazada tuvo amplia repercusión nacional en los últimos días e incluso hoy el tema fue tendencia en las redes sociales, alcanzó críticas de diversos sectores.
La reacción de la niña y su madre
El embarazo de la niña se descubrió cuando fue con su mamá al Hospital Público Materno Infantil por un dolor de estómago. Los médicos le realizaron una ecografía y detectaron que cursaba un embarazo de 19 semanas.
Cuando la médica les dio la noticia ambas rompieron en llanto, tras lo que la nena le contó a su madre que su padrastro la había violado, lo que motivó la intervención de la Policía y la denuncia del caso.
La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid, ordenó la detención del hombre, que está imputado de abuso sexual con acceso carnal, mientras que la niña quedó internada.
Además, se dio intervención a la asesora de Menores Patricia Gómez de González en turno y al médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El Gobierno de la Provincia difundió que Gómez de González informó “la voluntad de continuar con el embarazo manifestada por la niña y su madre”. El hecho de que las víctimas tengan que hacer una declaración jurada ante el Ministerio Público se cuestiona porque dilata el proceso y es similar a judicializar el caso, que es lo que no debería hacerse de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de 2012.
