El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, pidió que se revoque la intervención del Partido Justicialista. Su intervención surge en el marco de la apelación presentada contra el fallo de la jueza María Servini, quien designó como interventor a Luis Barrionuevo.
Tras el dictamen de Di Lello, quien también solicitó anular todo lo actuado durante la intervención, el recurso será resuelto por la Cámara Electoral.
“No puede soslayarse que los fundamentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, lo que evidentemente condujo a que se arribara a una conclusión alejada de los preceptos legales y de razonabilidad, que deben acompañar a cualquier intervención jurisdiccional”, sostuvo el fiscal en su dictamen de 26 páginas.
Di Lello también objetó el nombre de Barrionuevo como interventor, aunque sin nombrarlo. “El nombrado ha integrado una facción del Partido Justicialista y esto le impediría llevar con ecuanimidad el cumplimiento de las funciones encomendadas”, sostuvo el fiscal sobre la designación del sindicalista de gastronómicos.
Servini dispuso el 10 de abril la intervención del Partido Justicialista Nacional y nombró al frente del partido a Barrionuevo. La medida implicó el apartamiento del diputado nacional José Luis Gioja, presidente del PJ y que apeló la medida.
La decisión de la jueza se basó en una serie de irregularidades en el PJ que el fiscal ahora entiende que no son tales.
Di Lello señaló que Servini utilizó “débiles argumentos” para sostener la intervención que “resultan cuanto menos llamativos”.
Servini dijo que el PJ había perdido las últimas elecciones. “De seguir el mentado argumento, todos los Jueces del Fuero Electoral, se verían compelidos a intervenir a las agrupaciones que resultaren desfavorecidas o perdidosas en los comicios”, sostuvo el fiscal.
También objetó el argumento de “la existencia de líneas internas en el peronismo, cuando en realidad es una dinámica que ha estado presente desde sus comienzos, y que de ningún modo fué un obstáculo para su funcionamiento”. Agregó que la ley de elecciones partidarias permiten las listas internas.
Otro argumento de Servini para la intervención fue que muchos dirigentes reconocidos del PJ fueron candidatos en otras agrupaciones. “Resulta necesario destacar que no existe disposición legal en el plexo normativo que determine que los Jueces del Fuero dispongan de un ´Partidómetro´ para medir la calidad partidaria”, sostuvo el fiscal.
“A mayor abundamiento en el año 2003 el peronismo participó en las elecciones con tres frentes políticos distintos, oportunidad en la que acordaron respecto del nombre, símbolos y emblemas peronistas, sin intervención judicial”, recordó cuando el PJ fue como Frente para la Victoria con Néstor Kirchner como candidato presidencial.
También Di Lello recordó que el PJ tiene autoridades desde 2010 y 2013 y que la propia jueza rechazó pedidos de acefalía del partido.
“Si bien esta Fiscalía considera que en el ámbito judicial electoral, las decisiones se componen de elementos y cuestiones políticas, ellas deben tener una consecuencia legalmente relevante para justificar la ausencia de fundamentación jurídica. Ello queda a la luz en el resolutorio puesto en crisis, en el que no se destaca cuáles son los efectos jurídicos que ameriten la medida intervencionista”, concluyó.
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Di Lello también criticó a Servini porque no le pidió opinión cuando se presentó el pedido de intervención -es fiscal electoral de primera instancia y de Cámara-, lo que calificó de inadmisible. También enumeró “la nula producción de prueba, la premura con que se tomó tamaña decisión”.
Para el fiscal hubo un “atropello no solo al derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna democrática de esa agrupación”.
La Fiscalía también pidió que se anulen todas las decisiones que tomó la intervención del PJ. Di Lello también se pronunció sobre Barrionuevo. “En relación al interventor designado, se observa que difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere. Es de público y notorio conocimiento, que el mismo ha tenido una vida política activa en el seno del Partido Justicialista. De este modo, no resulta ajeno a aquellas divisiones tan criticadas por la Sra. Magistrada, y que ello le impediría llevar a cabo la normalización que le fuera encomendada con la tolerancia exigida, como lo demuestra la manifiesta experiencia histórica al respecto”, sostuvo.
Ahora el dictamen pasará a la Cámara Electoral. Serán los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera los que tendrán que resolver si confirmar la intervención del PJ o la revocan.
