Por Bruno Arias
Gerardo Morales aprobó la Reforma Constitucional en tratamiento express y antes de los plazos establecidos, con apenas dos semanas de tratamiento, de espaldas al pueblo, terminando de votar en la madrugada, literalmente entre gallos y medianoche, a escondidas y como un delincuente, aprobó una Reforma que le quita la obligación al Estado a garantizar derechos elementales, como salud y educación, le quita poder a los Organismos de Control frente al Poder Ejecutivo, abre la puerta a que los municipios creen bancos y tomen deuda (lo que generará graves problemas, ya que los organismos de control se limitaron), habilita la privatización de tierras fiscales donde habitan Pueblos Originarios, quita la obligación en que la consulta previa sea libre, informada y educada (como indican los tratados internacionales), le otorga a los jueces contravencionales la capacidad de fiscalizar y sancionar el derecho a la reunión y a protestar.
En síntesis, una Constitución que concentra un poder abusivo en el Poder Ejecutivo en desmedro de la sociedad jujeña y los otros poderes del Estado, una Constitución que otorga menos derechos y garantías que la Constitución que se estaba reformando (del año 1986) y que está fuera de los cánones de la Constitución Nacional actual y del Derecho Internacional.
Hoy la lucha debe continuar hasta que caiga la Reforma y rindan cuentas el Gobernador y todos los responsables de esta traición al pueblo jujeño.
El pueblo se ha movilizado pacíficamente, pero la respuesta fue provocación y abuso. El miedo se perdió y ante la forma artera de cómo se aprobó la Constitución se puede generar una respuesta imprevista y fuera de toda conducción, de las que el Gobernador es el único responsable.
