La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados y que atentarían contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó en forma provisional a la Coordinadora y a otros siete operadoras de un dispositivo proteccional que funciona en la ciudad de Salta como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica, Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social por una investigación iniciada el pasado mes de febrero.
De las medidas probatorias cumplidas, fundamentalmente de las entrevistas con los menores a través de circuito cerrado de televisión, se advierte por parte de las acusados, tanto Operadoras, como de la Coordinadora del hogar, la reiteración de conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”, utilizando como mecanismo disciplinador reiterado, la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría, mencionándose que tal actitud, era orden de la jefa del hogar.
El Fiscal sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas, compromete la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso para con los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, y que importa un quebranto a las pautas previstas.
Afirma además que si bien no se constatan lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas con psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, como así también, de las entrevistas de Circuito Cerrado realizadas por personal del CIF se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.
