Tras una intensa investigación, un grupo de solicitantes conformado por la abogada y activista de derechos humanos Hannah Rose, el investigador Mike Yeadon y el astrofísico Piers Corbyn, entre otros, denunciaron al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson; el presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, Bill Gates; y al ex asesor médico en jefe del gobierno del Reino Unido, Christopher Whitty, por violaciones al Estatuto de Roma en la confección de la vacuna contra el coronavirus.
En la denuncia, los investigadores especifican que aún no se conocen los efectos a largo plazo y la seguridad de la vacuna en los receptores. En efecto, las vacunas contra el COVID-19 son las primeras en utilizar la tecnología de ARN-m sintético, mientras que todas las vacunas anteriores funcionaron de una manera totalmente diferente, mediante la introducción de un virus desactivado o debilitado en el cuerpo para desencadenar una excitación natural del sistema inmune contra él.
Traducción-demanda-ante-Corte-Penal-Internacional-en-español_watermarkEn el documento, se explica que “todos los ensayos de la vacuna COVID-19 en fase 3 están en curso y no concluirán hasta finales de 2022 o principios de 2023, lo que implica que las vacunas son experimentales, con datos limitados a corto plazo y sin datos de seguridad a largo plazo para adultos”. De acuerdo a los estudios científicos, “los posibles efectos de aparición tardía pueden tardar meses o años en hacerse evidentes. Los limitados ensayos de niños realizados hasta la fecha son totalmente insuficientes para descartar efectos secundarios infrecuentes pero graves”.
La causa comienza a marchar en el Tribunal Internacional de La Haya e involucra a otros importantes actores, como el ex secretario de Estado británico, Matthew Hancock; el director ejecutivo de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, June Raine; y los directores de los laboratorios Stephane Bancel (AstraZeneca), Pascal Soriot (Moderna) y Alex Gorsky (Johnson & Johnson).
La explicación científica del conflicto hace hincapié en el MRNA, que utiliza la maquinaria de la célula para sintetizar proteínas que se supone que se asemejan a la proteína SPIKE del virus. Estas proteínas son identificadas por el sistema inmunitario, que construye anticuerpos contra ellas. La verdadera preocupación es que estas proteínas podrían acumularse en el cuerpo, especialmente en regiones de alta concentración de receptores ACE2, como las gónadas. Si el sistema inmune ataca el lugar donde se acumulan, entonces los vacunados podrían estar contrayendo una condición autoinmune.
De acuerdo al pedido de los solicitantes, la Corte Penal Internacional deberá tomar medidas inmediatas “para detener el despliegue de las vacunas covíricas, la introducción de vacunas ilegales y todos los demás tipos de guerras biológicas mencionadas”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
