Miranda Ruiz, médica residente de Medicina Familiar y Comunitaria del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal (Salta) se encuentra imputada en una causa penal iniciada en su contra en septiembre de 2021, tras haber intervenido, junto a un equipo interdisciplinario, en la realización de una práctica de Interrupción Legal de Embarazo (ILE). En ese marco, el 3/09/21 fue detenida en la Comisaría de la Mujer de dicha ciudad, donde permaneció incomunicada durante varias horas, hasta que fue ordenada su liberación.
En Argentina, la interrupción del embarazo por causales (salud o violación sexual) es legal desde 1921 (artículo 86 código penal). En 2020, con la sanción de la ley 27.610, se reconoció e integró el derecho al aborto voluntario hasta inclusive la semana 14 del proceso gestacional (conocido como Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE) con el derecho a la interrupción del embarazo por causales (conocido como Interrupción Legal del Embarazo ILE), el cual puede realizarse por fuera del límite de la semana 14.
La actuación de la médica Ruiz se realizó según lo establecido por el protocolo de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Este último es el mecanismo que establece el procedimiento médico para la realización de las prácticas de aborto en los sistemas hospitalarios. De este modo, las acciones de la profesional médica se ajustaron al protocolo vigente, siendo respaldadas por un equipo interdisciplinario que analizó el caso, decidiendo de forma conjunta las actuaciones.
Consideramos que la imputación que recae sobre Miranda evidencia objetivos persecutorios y criminalizantes, cuyo fin último es amedrentar a les trabajadores de la salud que garantizan el derecho al aborto, obstaculizando el cumplimiento de la ley 27. 610. Al mismo tiempo que demuestran un particular ensañamiento contra su persona, cargado de posicionamientos religiosos y personales basados en la oposición a la legalización del aborto.
Entendemos que Miranda es centro de un conjunto de maniobras políticas orquestadas por sectores conservadores de la provincia de Salta, que atentan contra su integridad personal y profesional. Durante todo este proceso ha recibido agravios, ataques y calumnias de referentes políticos que utilizan la causa iniciada en su contra, para sostener sus militancias personales contra el aborto.
La médica Ruiz, junto con el servicio de Psicología, está a cargo del consultorio interdisciplinario de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el hospital Juan Domingo Perón. En este espacio se garantiza el acceso al derecho al aborto a cientos de mujeres y demás personas con capacidad de gestar de Tartagal y localidades aledañas, ya que funciona con demanda espontánea, sin turno, brindando atención a todes les pacientes. También, con la residencia de Medicina Familiar, se asisten consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, promoviendo de esta manera la educación sexual integral con perspectiva de género.
Asimismo, Miranda es una médica que se especializó en Buenos Aires en Medicina Interna y que luego ha elegido a Tartagal como lugar de residencia, para ejercer la medicina con perspectiva social, brindando atención a poblaciones vulneradas y empobrecidas. Elección que, como sabemos, no es común, puesto que no abundan médicos que quieran radicarse en la zona. Con ese sentido, Ruiz se desempeña como médica residente en el hospital de Tartagal y también realiza rotaciones en el hospital de Santa Victoria Este. Su rol como médica trasciende la práctica de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, es una profesional que contribuye ampliamente a garantizar el derecho a la salud en la zona, aportando a mejorar el acceso y la calidad de la atención médica.
Por lo anteriormente dicho, observamos con preocupación el accionar de la justicia, que evidencia una postura persecutoria y particularmente severa en un caso en el que se actuó siguiendo las normativas vigentes.
Manifestamos nuestro apoyo a la médica Miranda Ruiz, quien ejerce la profesión médica con compromiso social, promoviendo los derechos de las mujeres y población LGBTIQ+, brindando atención en zonas rurales, acercando el derecho a la salud a lugares históricamente olvidados, honrando su trabajo y la defensa de los derechos humanos.
La actuación de la médica Ruiz se realizó según lo establecido por el protocolo de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Este último es el mecanismo que establece el procedimiento médico para la realización de las prácticas de aborto en los sistemas hospitalarios. De este modo, las acciones de la profesional médica se ajustaron al protocolo vigente, siendo respaldadas por un equipo interdisciplinario que analizó el caso, decidiendo de forma conjunta las actuaciones.
Consideramos que la imputación que recae sobre Miranda evidencia objetivos persecutorios y criminalizantes, cuyo fin último es amedrentar a les trabajadores de la salud que garantizan el derecho al aborto, obstaculizando el cumplimiento de la ley 27. 610. Al mismo tiempo que demuestran un particular ensañamiento contra su persona, cargado de posicionamientos religiosos y personales basados en la oposición a la legalización del aborto.
Entendemos que Miranda es centro de un conjunto de maniobras políticas orquestadas por sectores conservadores de la provincia de Salta, que atentan contra su integridad personal y profesional. Durante todo este proceso ha recibido agravios, ataques y calumnias de referentes políticos que utilizan la causa iniciada en su contra, para sostener sus militancias personales contra el aborto.
La médica Ruiz, junto con el servicio de Psicología, está a cargo del consultorio interdisciplinario de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el hospital Juan Domingo Perón. En este espacio se garantiza el acceso al derecho al aborto a cientos de mujeres y demás personas con capacidad de gestar de Tartagal y localidades aledañas, ya que funciona con demanda espontánea, sin turno, brindando atención a todes les pacientes. También, con la residencia de Medicina Familiar, se asisten consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, promoviendo de esta manera la educación sexual integral con perspectiva de género.
Asimismo, Miranda es una médica que se especializó en Buenos Aires en Medicina Interna y que luego ha elegido a Tartagal como lugar de residencia, para ejercer la medicina con perspectiva social, brindando atención a poblaciones vulneradas y empobrecidas. Elección que, como sabemos, no es común, puesto que no abundan médicos que quieran radicarse en la zona. Con ese sentido, Ruiz se desempeña como médica residente en el hospital de Tartagal y también realiza rotaciones en el hospital de Santa Victoria Este. Su rol como médica trasciende la práctica de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, es una profesional que contribuye ampliamente a garantizar el derecho a la salud en la zona, aportando a mejorar el acceso y la calidad de la atención médica.
Por lo anteriormente dicho, observamos con preocupación el accionar de la justicia, que evidencia una postura persecutoria y particularmente severa en un caso en el que se actuó siguiendo las normativas vigentes.
Manifestamos nuestro apoyo a la médica Miranda Ruiz, quien ejerce la profesión médica con compromiso social, promoviendo los derechos de las mujeres y población LGBTIQ+, brindando atención en zonas rurales, acercando el derecho a la salud a lugares históricamente olvidados, honrando su trabajo y la defensa de los derechos humanos.
