La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en una votación que dejó al descubierto una fuerte división política y territorial en el Congreso. El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y algunas abstenciones, en una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto.
La iniciativa modifica el régimen de protección ambiental vigente desde 2010 y habilita a las provincias a decidir, caso por caso, qué áreas glaciares o periglaciares pueden ser explotadas, especialmente para actividades mineras.
Cómo se dividió la votación
El respaldo al proyecto estuvo encabezado por el oficialismo de Javier Milei, acompañado por bloques aliados:
- La mayoría de La Libertad Avanza
- Sectores del PRO
- Parte de la UCR
- Espacios provinciales vinculados a regiones mineras
Entre los votos afirmativos aparecen decenas de legisladores de distintos distritos, incluidos representantes de provincias cordilleranas donde la minería tiene fuerte peso económico.
Por otro lado, el rechazo fue liderado principalmente por bloques opositores que advirtieron sobre el impacto ambiental de la medida, especialmente en relación con las reservas de agua dulce.
Un mapa político atravesado por intereses
La votación dejó en evidencia no solo una grieta partidaria, sino también una división geográfica: legisladores de provincias con desarrollo minero tendieron a apoyar la reforma, mientras que otros sectores pusieron el foco en la protección ambiental.
El listado completo de cómo votó cada diputado —difundido en detalle por medios nacionales— muestra apoyos cruzados y algunas sorpresas dentro de distintos bloques, reflejando la complejidad del debate.
Un debate que sigue abierto
La reforma generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores científicos, que advierten sobre posibles consecuencias en el acceso al agua y el equilibrio ecológico. Además, ya se anticipan presentaciones judiciales para frenar o revisar la norma.
Con esta votación, el Congreso marca un punto de inflexión en la política ambiental argentina, en medio de protestas sociales y un debate que promete continuar tanto en la Justicia como en la calle.
