La acusación fue presentada por abogados ambientalistas, que señalan vínculos previos del funcionario con empresas mineras y cuestionan su rol en la reforma de la norma.
En medio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, el secretario de Minería, Luis Lucero, fue denunciado penalmente por presunto conflicto de intereses, en una causa que suma tensión política y ambiental al tratamiento legislativo.
La presentación fue realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que acusa al funcionario de haber intervenido en iniciativas para modificar la ley pese a sus antecedentes como asesor de empresas mineras.
Según la denuncia, Lucero habría tenido participación en proyectos vinculados a grandes emprendimientos extractivos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera, lo que, para los denunciantes, configura una incompatibilidad con su función pública actual.
El planteo sostiene además que, aunque existía una excusación formal por sus vínculos previos, esta “no fue efectiva”, ya que el funcionario habría intervenido activamente en propuestas orientadas a flexibilizar la normativa vigente.
La polémica se trasladó también al Congreso, donde legisladores de la oposición cuestionaron su participación en el debate parlamentario. Diputados como Maximiliano Ferraro pidieron que sea apartado de la discusión, al considerar que sus antecedentes profesionales comprometen la transparencia del proceso.
En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma que busca modificar el alcance de la ley sancionada en 2010, que protege glaciares y zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua. Los cambios en discusión apuntan a reducir las áreas protegidas y habilitar mayores posibilidades para la actividad minera.
Desde el sector ambiental advierten que estas modificaciones podrían poner en riesgo recursos hídricos clave y responden a intereses económicos vinculados a la expansión minera. En ese sentido, la denuncia también apunta a un posible “entramado de intereses” entre funcionarios, empresas y estudios jurídicos.
Mientras tanto, el oficialismo avanza con el tratamiento legislativo de la reforma, en un clima de creciente conflictividad política y social, con movilizaciones y reclamos que ponen en el centro la defensa del agua y el impacto ambiental de las decisiones en debate.
