El Gobierno anunció hoy un ambicioso paquete de reformas que busca modificar la legislación sobre expropiaciones, agilizar los desalojos de ocupantes ilegales y regular la venta de tierras a extranjeros. Las medidas, según voceros oficiales, apuntan a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada y fomentar la inversión en el sector agrícola e inmobiliario.
Entre los cambios más destacados se encuentra la modificación de la Ley de Expropiaciones, con el objetivo de establecer procedimientos más claros y rápidos para casos donde el Estado necesite adquirir terrenos por motivos de interés público.
Asimismo, se propone facilitar el desalojo de ocupantes ilegales, también conocidos como “okupas”, mediante procedimientos judiciales más expeditivos y sanciones más severas para quienes invadan propiedades privadas.
Por otro lado, se plantea una regulación más flexible sobre la venta de tierras a ciudadanos extranjeros, buscando atraer inversión extranjera directa y dinamizar la economía rural, al tiempo que se preservan criterios de seguridad nacional y control territorial.
El Ejecutivo aseguró que estas reformas serán debatidas en el Congreso en las próximas semanas, y se prevé que generen un amplio debate entre legisladores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, dada la relevancia económica y social de las medidas.
Reacciones y críticas
Organizaciones de derechos humanos y sectores del movimiento social han expresado su preocupación por los posibles efectos de estas reformas sobre familias ocupantes y comunidades vulnerables, mientras que representantes del sector agrícola y empresarial las recibieron como un paso necesario para la inversión y el desarrollo económico.
El Gobierno anunció que continuará con la ronda de consultas con diferentes actores sociales antes de enviar el proyecto final al Parlamento.
