El Colegio de Odontólogos y la Asociación Odontológica Salteña cuestionaron la medida por considerarla invasiva, burocrática y sin antecedentes en el país. La obra social indicó que aún evalúa su implementación.
El conflicto entre el sector odontológico y el Instituto Provincial de Salud (IPS) se profundiza en Salta a partir de la exigencia de incorporar fotografías de las bocas de pacientes —incluidos menores— como requisito para autorizar prácticas.
Desde el Colegio de Odontólogos, su presidenta, Jorgelina Ojeda, calificó la medida como “invasiva” y advirtió que “las fotografías de las bocas de las personas son como fotos íntimas”, por lo que consideró inapropiado su uso tanto en adultos como en niños. Además, señaló que existen casos en los que el procedimiento resulta impracticable, como en pacientes con discapacidad.
El cuestionamiento también apunta a una presunta desigualdad en los criterios de control sanitario. “Hay una discriminación muy grande contra los odontólogos”, sostuvo Ojeda, al comparar con otras especialidades médicas donde no se exigen registros fotográficos para autorizar tratamientos.
En la misma línea, la presidenta de la Asociación Odontológica Salteña, Claudia Tejerina, afirmó que se trata de un requerimiento “sin antecedentes” en el sistema de salud argentino. También remarcó el impacto administrativo que genera la medida, ya que cada autorización puede demandar entre 15 y 20 minutos adicionales.
Según explicaron desde el sector, el sistema comenzó a implementarse durante la pandemia y se mantuvo hasta la actualidad. Hoy, las imágenes funcionan como primer filtro de evaluación, incluso antes de la intervención de un profesional, lo que —advierten— altera el criterio clínico tradicional.
El conflicto se da en un contexto más amplio de reclamos. El Colegio denunció una “crisis prestacional” marcada por aranceles desactualizados, demoras en los pagos de hasta tres meses y condiciones contractuales que afectan la labor profesional. “Facturamos hoy para cobrar a 60 días y, si el IPS se atrasa, una práctica en seis meses no vale nada”, indicó Ojeda.
Además, cuestionaron el sistema de garantías que obliga a los odontólogos a responder económicamente por los tratamientos realizados, al considerar que se trata de una lógica ajena a la práctica médica.
En cuanto a las negociaciones, desde la Asociación señalaron que el IPS accedió a revisar el uso de las fotografías, con la posibilidad de limitarlo a casos excepcionales. “Si el IPS lo soluciona, no tenemos por qué ir a la justicia”, sostuvo Tejerina, aunque aclaró que aún resta resolver la actualización de honorarios.
Por su parte, desde la obra social provincial indicaron que la medida aún no fue definida de manera definitiva y que se encuentra en análisis tras los planteos realizados por las entidades profesionales.
