El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afirmó que diputados y senadores peronistas recibieron presiones y amenazas para no acompañar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, a horas del inicio del debate legislativo.
Según planteó el mandatario, la conducción del Partido Justicialista habría advertido sobre la posible intervención de partidos provinciales que respalden la iniciativa oficial, en un contexto de fuertes tensiones internas dentro del peronismo.
La denuncia se conoció en la antesala de una sesión clave, en la que el oficialismo busca apoyos para avanzar con una ley considerada estratégica, mientras sectores vinculados al kirchnerismo intentan unificar posturas para bloquearla.
De acuerdo con fuentes partidarias citadas en el debate, Salta, Misiones y Jujuy ya registraron antecedentes de intervenciones partidarias, utilizadas como mecanismos de disciplinamiento interno frente a posiciones divergentes.
En ese escenario, un grupo de senadores del interior, identificado como Convicción Federal, quedó en el centro de las presiones. Sus integrantes mantienen una relación tensa con la conducción del bloque peronista y sostienen una postura autónoma, priorizando los intereses provinciales.
Sáenz señaló que para muchos gobernadores y legisladores del interior, la reforma laboral tiene una dimensión económica, vinculada a la posibilidad de atraer inversiones y sostener el empleo en economías regionales golpeadas por la recesión.
El gobernador advirtió que el control del sello partidario funciona como la principal herramienta de presión política, ya que perderlo implica quedar debilitado electoralmente y sin estructura territorial.
Mientras tanto, el Gobierno nacional intensificó las negociaciones con mandatarios provinciales para asegurar apoyos, en una votación que se perfila ajustada y atravesada por la presión sindical, con una movilización convocada por la CGT.
La reforma laboral se debatirá este miércoles desde las 11, en una sesión marcada por la disputa interna del peronismo, las advertencias gremiales y una negociación política que excede el contenido de la ley y pone en juego el liderazgo y la cohesión de los distintos espacios.
