La Mesa Política, convocada por el presidente Javier Milei, se reúne hoy y volverá a encontrarse el miércoles 4 de febrero en Casa Rosada para intentar sellar acuerdos que permitan tratar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero; el proyecto forma parte del temario que rige entre el 2 y el 27 de febrero y tiene fecha probable de tratamiento en el Senado el miércoles 11 de febrero.
El Ejecutivo impulsó una etapa de negociaciones aceleradas para avanzar con el proyecto de Modernización Laboral, una de las cinco iniciativas que integran el temario de extraordinarias. Aunque el dictamen ya obtuvo aval en comisiones del Senado, persisten resistencias entre gobernadores y bloques que podrían condicionar la obtención de la media sanción.
En la Casa Rosada sostienen que la prioridad es que la reforma salga en febrero o a comienzos de marzo, por lo que la estrategia oficial evita demorarse en modificaciones previas en comisiones y apuesta a llevar la discusión al plenario del Senado.
La Mesa Política —integrada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la jefa del bloque LLA en el Senado Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt— discute hoy los puntos negociables, los “intangibles” del texto y la táctica para conseguir apoyos provinciales.
El principal foco de tensión es el capítulo fiscal vinculado a la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que implicaría un costo estimado por el Gobierno del 0,65% del PBI: 0,5 puntos para Nación y 0,15 puntos para las provincias. Ese último porcentaje es el que define la mayoría de las objeciones de mandatarios provinciales.
Ante la presión, desde el oficialismo consideran posible ceder en el punto fiscal. Entre las alternativas sobre la mesa figuran un esquema de compensación temporal desde Nación o postergar la plena aplicabilidad de la norma para que las provincias asuman parte del ajuste en 2027.
Los gobernadores analizan dos caminos: negociar una compensación directa o aceptar una cobertura transitoria de Nación que alivie el impacto sobre las cajas provinciales. En el terreno político, la negociación incluirá también propuestas para suavizar el efecto sobre la coparticipación y cerrar votos clave en ambas cámaras.
En los próximos días la Mesa Política mantendrá reuniones para fijar la hoja de ruta. La estrategia oficial privilegia una ley con menos cambios formales pero con reformas puntuales que alivien trámites burocráticos; la clave será conseguir los votos de gobernadores y bloques provinciales sin desnaturalizar el texto aprobado en comisión.
