El gobernador Gustavo Sáenz firmó este jueves en la Gobernación un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos a quienes ejerzan o aspiren a cargos públicos en la provincia de Salta.
El decreto alcanza a los tres poderes del Estado, municipios y organismos de control, e incluye desde el gobernador y ministros hasta legisladores, intendentes, concejales, jueces y todo personal en proceso de ingreso. La norma apunta a garantizar idoneidad, aptitud moral y la confianza ciudadana, según el comunicado oficial.
El régimen prevé controles sorpresivos mediante test rápidos homologados; ante un resultado positivo se realizará un análisis confirmatorio en laboratorios sorteados, respetando cadena de custodia y derecho a la contraprueba. El DNU incorpora la detección de metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias psicoactivas.
Las consecuencias previstas varían según la situación: para cargos electivos o magistrados con estabilidad, un resultado positivo activará los mecanismos constitucionales de remoción (juicio político o jurado de enjuiciamiento); para funcionarios designados será causal de remoción administrativa, según detallaron fuentes gubernamentales.
En el acto de firma participaron autoridades provinciales y legisladores que impulsaron la iniciativa, entre ellos la secretaria General de la Gobernación Matilde López Morillo, el jefe de Gabinete Sergio Camacho y el presidente de la Cámara de Diputados Esteban Amat. Legisladores como Juan Esteban Romero, Juan José Esteban y Griselda Galleguillos valoraron la medida como un paso para fortalecer la transparencia institucional y “dar el ejemplo”, según sus declaraciones.
El Ejecutivo anunció que el DNU será remitido a la Legislatura para su trámite y defendió la medida como preventiva y orientada a “preservar la claridad de juicio” en quienes ocupan responsabilidades públicas.
