Una cámara santafesina ratificó la coadministración judicial de la cooperativa, al considerar que la empresa ocultó información clave y mantiene un pasivo laboral que supera los $20.000 millones.
La situación de SanCor volvió a sumar un capítulo adverso. Esta semana, la Justicia de Santa Fe confirmó la intervención dispuesta sobre la cooperativa láctea en el marco de su concurso preventivo, al considerar probada la falta reiterada de información y la gravedad del pasivo laboral acumulado.
El fallo representa un nuevo revés para una empresa que supo liderar el sector y que hoy enfrenta una de las crisis más profundas de su historia.
La resolución fue adoptada por la Cámara de Apelación de Feria del Poder Judicial santafesino, con competencia en las circunscripciones de Rafaela, Reconquista y Santa Fe Capital.
De manera unánime, los jueces ratificaron la medida ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela, que dispuso la coadministración judicial de SanCor CUL como respuesta a los reiterados incumplimientos detectados durante el proceso concursal.
Reticencia y falta de información
Uno de los puntos centrales del fallo fue la conducta de la empresa frente a los requerimientos judiciales. Según la Cámara, quedó acreditada la reticencia de SanCor a brindar información solicitada por la sindicatura, una situación que obstaculizó la elaboración de los informes exigidos por la ley concursal y encendió alertas sobre el manejo interno de la firma.
En ese marco, los magistrados también desestimaron los argumentos de la cooperativa vinculados a la existencia de un fideicomiso de administración.
El tribunal sostuvo que esa figura no exime a la empresa de su obligación de informar ni la aparta del control que corresponde ejercer tanto la sindicatura como el juez del concurso.
El contexto económico y laboral de la firma fue otro de los elementos considerados. De acuerdo con estimaciones del sector, la deuda laboral de SanCor supera actualmente los $20.000 millones, un pasivo que se fue acumulando a lo largo de los últimos meses y que afecta de manera directa a trabajadores activos y retirados.
Los antecedentes del caso refuerzan la decisión judicial. A comienzos de este año, la Justicia de Rafaela ya había dispuesto una intervención parcial ante la acumulación de incumplimientos laborales, previsionales y fiscales.
En aquel momento, se ordenó la designación de un coadministrador judicial con el objetivo de garantizar mayor transparencia y resguardar los derechos de los acreedores.
Según consta en el expediente, la cooperativa adeuda salarios desde mediados de 2025 y no logró regularizar el pago de haberes en los meses posteriores. Tampoco abonó en su totalidad el Sueldo Anual Complementario correspondiente al último período, una situación que agravó el conflicto laboral y profundizó el deterioro de su imagen institucional.
La ratificación de la intervención marca un punto de inflexión en el proceso concursal. Para la Justicia, la medida busca frenar maniobras dilatorias, asegurar el acceso a información clave y encauzar un proceso que permita dimensionar con mayor precisión la situación real de la empresa.
Mientras tanto, el futuro de SanCor sigue envuelto en incertidumbre. La confirmación de la coadministración judicial deja en claro que, para los tribunales, la crisis ya no puede ser gestionada sin un control más estricto, en una firma que pasó de ser emblema del sector lácteo a símbolo de una crisis prolongada.
