Con el Decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro portavoz Manuel Adorni, el Ejecutivo incorporó al temario de las sesiones extraordinarias los proyectos vinculados al nuevo Régimen Penal Juvenil; la discusión parlamentaria se abrirá en el Congreso a partir del 2 de febrero.
El decreto —publicado en el Boletín Oficial— formaliza la intención del Gobierno de reformar el marco penal aplicable a adolescentes. Según el texto y los anuncios oficiales, la iniciativa buscará modificar el régimen vigente desde la última dictadura militar y permitir que, en casos de delitos graves, menores puedan ser juzgados bajo un nuevo régimen.
Los ministerios de Seguridad y Justicia serán los encargados de impulsar el proyecto que pretende bajar el umbral de imputabilidad, actualmente fijado en 16 años, y definir nuevos parámetros sobre penas, procesos judiciales y condiciones de detención. El Gobierno justificó la medida como una actualización del sistema para dar respuesta a delitos que hoy quedarían fuera del alcance del derecho penal, en línea con la consigna oficial resumida como “delito de adulto, pena de adulto”.
Organismos de derechos humanos, especialistas en infancia y sectores de la oposición advirtieron sobre los riesgos de avanzar sin un enfoque integral que incluya prevención, educación y políticas de contención. Para esos actores, la discusión debería abarcar además los mecanismos de reinserción y las garantías procesales de los adolescentes.
La inclusión del tema en las sesiones extraordinarias transforma una propuesta política en un asunto parlamentario: se espera un debate intenso que confrontará posturas sobre seguridad, responsabilidad penal y derechos de la infancia, con impacto potencial en la legislación y en las prácticas del sistema judicial.
