Lo informó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. El fin de semana se realizaron controles migratorios en el conurbano y también hubo intimaciones a personas de otros países
En los últimos dos meses, casi 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados de Argentina, según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X. La funcionaria detalló que diciembre cerró con 2.400 personas provenientes de otros países que debieron abandonar el territorio nacional, mientras que en lo que va de enero se registraron otros 2.300 casos. Monteoliva destacó que estas cifras constituyen un récord para los controles migratorios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las vinculó directamente con los refuerzos dispuestos en los operativos de seguridad.
La ministra enfatizó que la política actual apunta a impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros con antecedentes penales, involucrados en delitos o en situación migratoria irregular. “Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó Monteoliva en la red social X. La funcionaria aseguró que el incremento en los controles responde a una decisión explícita del Gobierno de endurecer la vigilancia en los puntos de acceso al país.
El fin de semana pasado, las autoridades realizaron nuevos operativos migratorios en el área metropolitana de Buenos Aires. En el partido bonaerense de La Matanza, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una intervención en una feria de Villa Celina, donde se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento incluyó inspecciones en galerías, locales y puestos callejeros, con el objetivo de verificar la situación migratoria de los presentes y detectar eventuales delitos conexos.
Durante el operativo, los efectivos de la PFA emplearon el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil que permite la identificación rápida de personas, y realizaron consultas en distintas bases de datos, incluyendo el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. Como resultado, constataron que 16 ciudadanos extranjeros residían en la Argentina de manera irregular. A todos ellos se les labraron actas de Declaración Migratoria, exigiéndoles regularizar su situación.
Además de los controles migratorios, el despliegue policial permitió identificar anomalías en cuatro comercios de la feria. Dos de estos locales infringían la Ley de Marcas número 22.362, mientras que en los otros dos se comprobó la venta de teléfonos celulares que habían sido bloqueados por el ENACOM por tratarse de dispositivos denunciados como robados. En total, los agentes secuestraron 70 celulares, junto con 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo de Leonardo Cano, ordenó la detención de cuatro personas de nacionalidad boliviana —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la justicia junto con los elementos incautados.
La ministra Monteoliva remarcó que el enfoque del gobierno es “que en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”, en línea con la política de seguridad implementada desde el inicio de la actual gestión.
La intensificación de los controles migratorios y la aplicación de nuevas tecnologías de verificación han permitido, según el Gobierno, lograr cifras récord en materia de expulsiones y rechazos en los últimos dos meses. Las medidas incluyen tanto la identificación biométrica en operativos urbanos como el refuerzo de la vigilancia en los principales pasos de ingreso al territorio nacional. Para las autoridades, la estrategia apunta a “garantizar la seguridad interna y el cumplimiento de las leyes migratorias”, según indicaron portavoces oficiales.
El balance de estos procedimientos muestra que, además de las expulsiones y rechazos en fronteras, se están realizando acciones concretas en el control de la documentación y la actividad comercial de personas extranjeras en la provincia de Buenos Aires y otras zonas urbanas.
