La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que la sentencia del juez Martín Cormick quedó suspendida y que la normativa sigue vigente.
El Gobierno apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y, según informó el Ministerio de Seguridad, “el juzgado concedió el recurso con ‘ambos efectos’, es decir que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación”. “Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando”, advirtió.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había presentado un amparo colectivo en el que argumentaba por qué debe ser considerado inconstitucional el protocolo, diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. El juez Cormick le había dado la razón, pero tras la apelación del Gobierno, esa decisión quedó suspendida hasta que se exprese la Cámara.
“EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo. El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse”, escribió la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva en su cuenta de la red social X.
Y agregó: “Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”.
Controversias por la aplicación del protocolo
En su fallo, el juez Cormick señaló que “se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.
Además, indicó que quienes se consideren perjudicados por la aplicación del protocolo podrán hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuará acorde a las competencias que la ley le otorga”.
Una vez conocido el fallo, el Gobierno confirmó que apelaría la decisión, lo que terminó sucediendo menos de 24 horas después. “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, planteó Monteoliva.
Y sumó: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
