Con los primeros resultados legislativos del nuevo Congreso, la mesa política se vio obligada a modificar el cronograma de actividad. Las prioridades y las fechas del Ejecutivo.
En las vísperas de culminar la primera semana legislativa, el Poder Ejecutivo vivió horas frenéticas que dieron lugar a un proceso de revisión de la agenda para la sanción del Presupuesto 2026, con la idea de insistir en la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario en la Cámara de Senadores, para concentrar las energías por la aprobación de la reforma laboral durante el mes de febrero. Esto definió la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei el pasado jueves en una reunión que se llevó adelante en el Ministerio del Interior de Casa Rosada mientras la CGT protestaba en Plaza de Mayo.
El intercambio que coordinó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluyó a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa de bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt, se dio horas más tarde del traspié en la extensa sesión en Diputados y con el presidente Javier Milei en la sede de Gobierno.
“Después de tres años tenemos media sanción de Presupuesto. Faltaron cosas, algunas que eran muy importantes, como el energético o la coparticipación de la Ciudad. Tenemos que corregir las dos leyes que no se pueden pagar porque no estamos dispuestos a negociar el equilibrio fiscal”, insistió un funcionario involucrado en las negociaciones a Infobae.
Como contó este medio, la idea definitiva del equipo de gestión, que dejó entrever la posibilidad de vetar el Presupuesto presentado si se aprobaba tal cual salió en Diputados, es buscar la forma de incluir durante el debate en el Senado los puntos del artículo 75 que fueron rechazados y que consideran que atenta contra el superávit fiscal. Para eso, estudian la posibilidad de agregar un apartado vinculado al tema al tiempo que se vieron obligados a reordenar las prioridades previstas para los últimos días del 2025 y los primeros del 2026.
Si bien en Casa Rosada aseguran que los proyectos emblemas son el de Inocencia Fiscal y la “modernización” laboral, consideran necesario culminar con el tratamiento de la previsión presupuestaria para avanzar en el siguiente paso. “Inocencia fiscal es la ley más importante de nuestro gobierno”, se jactaban el pasado miércoles.
Pese a que admitieron que la caída del capítulo XI configuró un derrota al menos en términos discursivos para la administración libertaria que convocó a sesiones extraordinarias con viento de cola tras el holgado triunfo electoral y la conquista de la primera minoría en la Cámara de Diputados, destacaron -con mesura- la reacción del Mercado tras la media sanción.
El primer traspié dejó una serie de fallas internas a revisar y el enojo de los socios del PRO que en voz de su jefe de bloque, Cristian Ritondo, acusó al oficialismo de violar la Constitución tras elegir a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Al interior del espacio violeta, hay quienes cuestionan la decisión de incluir el tratamiento del polémico capítulo en el texto del Presupuesto 2026, lo que generó que varios gobernadores aliados se desmarquen, algunos con aviso previo y otros de manera sorpresiva para evitar pagar el costo político. Según precisaron al menos dos fuentes la idea original fue del ministro de Economía, Luis Caputo, aunque varios interlocutores de la mesa política plantearon a este medio que la determinación se tomó de conjunto.
“Nos jugamos un pleno. Si nos salía bien éramos los reyes absolutos. Ningún gobernador estaba verdaderamente en contra solo no quisieron pagar el costo político”, argumentó una fuente al respecto luego de que el capítulo fuera rechazado por 123 votos contra 117.
La sesión del miércoles lo tuvo todo: rosca, enojos, bloqueos en WhatsApp, reproches y diagnósticos incipientes.
Luego de semanas de distribuir casi $66.000 millones a las provincias con buen dialogo en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores aliados tomaron distancia y fueron clasificados en dos bandos. Por un lado están a los que se les cuestiona el voto, pero se les concede el haber anticipado la jugada, que incluye a Raúl Jalil (Catamarca), a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y a Gustavo Saénz (Salta), y por el otro están los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) -al que le facturan jactarse de manejar el bloque completo-, Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el cuentapropista Rolando Figueroa (Neuquén), entre los que se registran sorpresivas abstenciones y rechazos. “Nos cagaron casi todos, pero de algunos nos enteramos por la pantalla. El Gobierno sobrecumplió con ellos”, se sinceraba una fuente legislativa.
Sin embargo, en La Libertad Avanza (LLA) anticipan que no habrá fracturas en la relación con los mandatarios provinciales que -consideran- deberán “dejar de lado el perfil súper negociador”, y tender puentes para lo que queda del temario de las sesiones extraordinarias.
Con una reconfiguración de los tiempos, el bloque violeta en la Cámara Alta trabaja para la conquista del despacho del Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal con intención de avanzar en su tratamiento el viernes después de navidad. La fecha prevista para el debate de la hoja de ruta con modificaciones en Diputados es el 29 de diciembre.
Los planes para la reforma laboral
Mientras la marcha peronista que sonaba en el acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) se colaba por los pasillos de Casa Rosada, un funcionario elogiaba la decisión de la central de protestar contra el proyecto de “modernización” laboral redactado por Federico Sturzenegger en una jornada carente de sesión legislativa y garantizaba contar con la habilitación para “mejorar la redacción” de algunos puntos de la reforma que conforme a los gremios.
“Todo lo que no sea generación de empleo no es prioridad”, insistían. En paralelo, a metros de distancia, el oficialismo conquistaba en la Cámara de Senadores el dictamen del proyecto con modificaciones en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y la exministra anticipaba que el debate quedaría pospuesto para el 10 de febrero. Algo similar ocurre con la Ley de Glaciares, reclamada por las provincias.
“Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo. Queremos tener el instrumento, no va a ser el final porque hay muchas cosas que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente en ese momento. Que vean que estamos abiertos a la escucha”, planteó Bullrich sobre el proyecto luego de acercar posiciones con los aliados en tensión por lo acontecido en Diputados.
Minutos antes había lanzado una chicana virtual contra la dirección de la CGT luego de la movilización: “Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”. En Balcarce 50 parecen haber tomado nota.
En los próximos días, los interlocutores legislativos deberán afinar la estrategia y mejorar la comunicación con los aliados si aspiran evitar nuevos tropiezos y acumular triunfos en materia legislativa durante el segundo tramo de la gestión.
