En el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, el fondo Burford Capital volvió a profundizar su ofensiva judicial y solicitó información clave de los teléfonos celulares y mensajes de WhatsApp de 21 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno argentino. El pedido fue presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, dentro de la etapa de producción de pruebas del proceso.
El objetivo de la presentación es intentar demostrar que el Estado argentino y diversas empresas públicas —entre ellas YPF, el Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentinas— actúan como un mismo “alter ego”, una estrategia que busca facilitar el cobro del multimillonario fallo contra la Argentina.
En 2023, la jueza Preska condenó al país a pagar una suma que, con intereses, ronda los USD 18.000 millones. Mientras se espera una definición de la Cámara de Apelaciones, Burford avanza con medidas para ejecutar la sentencia, entre ellas el pedido de acciones de YPF y la recopilación de comunicaciones privadas de funcionarios.
El tribunal ya ordenó a la Argentina producir mensajes “off-channel”, es decir, fuera de los canales oficiales. Sin embargo, los demandantes sostienen que la entrega hasta ahora es insuficiente, ya que apenas se habrían aportado unas 200 páginas de mensajes correspondientes a cinco funcionarios, sobre un total de 36 requeridos.
Desde el Estado argentino aseguran que se realizó un esfuerzo significativo para recolectar información de dispositivos personales, pero explican que la tarea es compleja por el volumen de datos y que varios funcionarios se ampararon en derechos previstos por la ley argentina para no entregar información privada.
Entre los funcionarios actuales incluidos en el pedido figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; autoridades del área energética, del Tesoro, del transporte y de la Jefatura de Gabinete. A ellos se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre los que se encuentran ex ministros y ex secretarios de áreas clave.
Según la documentación presentada en el expediente, una parte de los funcionarios aceptó colaborar de manera voluntaria, mientras que al menos seis actuales habrían rechazado entregar sus comunicaciones personales. Burford sostiene que esa negativa coloca a la Argentina en una situación de incumplimiento de la orden judicial.
La discusión ahora gira en torno al alcance de las obligaciones del Estado, la legalidad del pedido sobre comunicaciones privadas y la relevancia de los funcionarios involucrados. La jueza Preska deberá resolver los próximos pasos en una causa que sigue sumando tensión y consecuencias económicas para el país.
