Las notificaciones de la infección de transmisión sexual alcanzaron cifras récord en 2024, con 36.917 diagnósticos, y proyectan un nuevo aumento para 2025 según datos epidemiológicos oficiales.
La sífilis registra en Argentina su mayor número de casos desde que existen registros oficiales, con un incremento del 38,5% respecto a 2022 que preocupa a las autoridades sanitarias. Durante 2024 se notificaron 36.917 contagios, mientras que en las primeras 44 semanas de 2025 ya se reportaron 36.702 diagnósticos, confirmando una tendencia ascendente que se mantiene en alza.
El perfil epidemiológico muestra que el 76% de los casos corresponde a personas de 15 a 39 años, siendo el grupo de 20 a 24 años el más afectado con una tasa de 228,2 por cada 100.000 habitantes. Las mujeres jóvenes presentan tasas considerablemente superiores a las de los varones, aunque esta tendencia se revierte en adultos mayores. Geográficamente, la región Centro concentra el 61,3% de los casos nacionales, con Córdoba a la cabeza, mientras que la región Sur presenta la tasa regional más elevada.
Entre los factores que explican este crecimiento se encuentran la alta transmisibilidad en fases iniciales, la falta de prevención consistente y el acceso desigual a métodos diagnósticos y tratamientos oportunos. Especialistas destacan que aproximadamente el 28% de los casos en varones corresponde a reinfecciones, ya que la enfermedad no genera inmunidad permanente.
Las consecuencias clínicas pueden ser graves sin detección y tratamiento oportuno, avanzando a afectar el sistema nervioso, corazón, huesos y otros órganos, e incluso causar la muerte. La sífilis representa además una de las principales causas prevenibles de desenlaces adversos en el embarazo.
Ante este escenario, se han reforzado las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento, incluyendo la distribución de insumos para pruebas rápidas y penicilina benzatínica a las provincias, capacitación al personal de salud y actualización de protocolos para el control de infecciones perinatales. Organizaciones de la sociedad civil y el Estado trabajan conjuntamente en campañas de concientización y mejora del acceso al diagnóstico y tratamiento, con especial foco en poblaciones vulnerables.
