La nueva normativa establece castigos físicos de hasta 24 azotes para quienes participen en fraudes digitales, incluidos cómplices y “mulas de dinero”. La medida busca frenar el auge de las estafas online.
El Parlamento de Singapur aprobó el martes una ley para sancionar a estafadores digitales con castigos corporales que van de seis a veinticuatro azotes con una vara. La medida entrará en vigor tras el incremento en la cantidad de fraudes en línea denunciados en el país, donde las pérdidas económicas ya superan los USD 385 millones solo en este año. El objetivo de esta legislación es combatir las estafas y desalentar la participación en redes delictivas.
La ley contempla el castigo para quienes participen directamente en las estafas, así como para los colaboradores que apoyan estos delitos. Esto incluye a quienes permitan el uso de sus cuentas bancarias, entreguen tarjetas SIM, faciliten credenciales del sistema de identidad digital Singpass o ayuden a las organizaciones criminales como “mulas de dinero”.
De acuerdo con RT, el endurecimiento de las sanciones alcanza también a los reclutadores, estableciendo una respuesta punitiva a todos los actores involucrados.
Los casos de fraude digital incrementaron significativamente en los últimos años. Según cifras oficiales divulgadas por medios de Singapur, el 60% de los delitos denunciados corresponde a estafas digitales. El avance de este tipo de crímenes motivó a las autoridades a intervenir y actualizar el marco legal, adoptando medidas disuasorias que resulten efectivas en el contexto actual.
Datos y argumentos que impulsaron el cambio legislativo
De acuerdo con los datos presentados en el Parlamento, Singapur reportó cerca de 190.000 casos de fraude digital entre 2020 y la primera mitad de 2025. Las pérdidas acumuladas por este tipo de delitos alcanzaron los USD 3.700 millones en dicho periodo.
Según precisó Swissinfo, los funcionarios destacaron que las cifras superan ampliamente el costo de construcción de un hospital, lo que evidencia el impacto financiero y social que las estafas generan en la sociedad local.
Sim Ann, ministra sénior de Estado del Interior y de Asuntos Externos, señaló que las estafas digitales constituyen el delito más frecuente actualmente en el país. Subrayó que la amplia difusión de estos crímenes afecta a ciudadanos, empresas y el sistema financiero.
Los informes señalan que los estafadores emplean estrategias cada vez más sofisticadas, aprovechando el anonimato y la velocidad de las operaciones en línea para evadir a las autoridades y captar nuevas víctimas.
La nueva ley recibió apoyo dentro del Parlamento ante la necesidad de proteger a la sociedad y restaurar la confianza en los servicios digitales. Los legisladores remarcaron la urgencia de establecer sanciones más severas que logren disminuir la incidencia y desmotivar la implicación en estas actividades ilegales.
Las autoridades de Singapur ya venían implementando campañas educativas y de prevención. Sin embargo, los resultados no lograron frenar el avance de las estafas, por lo que se optó por reforzar el marco legal con sanciones corporales. El gobierno busca que este castigo tenga un efecto ejemplarizador y haga visible la gravedad del delito en la opinión pública.
Alcance e implicancias de la ley para los responsables de fraudes
El castigo de azotes se aplicará en función de la gravedad del delito, asegurando proporcionalidad y considerando la implicación de cada acusado. Los culpables tendrán sanciones de al menos seis golpes y hasta 24. Esto afectará tanto a quienes ejecutan directamente las estafas como a cómplices o facilitadores, incluyendo las llamadas “mulas de dinero”.
El Parlamento especificó que la ley involucra a cualquier persona que proporcione herramientas, información o acceso que permita a las organizaciones delictivas operar en la red. El objetivo es cortar las cadenas de colaboración y atacar el delito en toda su estructura. La legislación prevé controles estrictos para identificar y sancionar a quienes faciliten el uso de cuentas bancarias, credenciales digitales o recursos técnicos.
De acuerdo con reportes de RT, la aplicación de azotes como parte de la respuesta penal ya existe en Singapur para otros delitos graves. Ahora, la medida se extiende específicamente al fraude digital, una categoría en aumento que perjudica tanto al sector económico como a la confianza de los usuarios en los servicios en línea.
El endurecimiento de las penas coloca a Singapur como pionero en la utilización de castigos corporales para frenar malas prácticas en el entorno digital. Esta política busca marcar un punto de inflexión y desalentar la implicación en nuevos delitos electrónicos. La experiencia será observada atentamente en la región y por países que también enfrentan un alza en los fraudes en internet.
Singapur apuesta a la contundencia de sus sanciones. El país busca enviar un mensaje de tolerancia cero y reducir significativamente el impacto de las estafas digitales en la vida cotidiana y la economía nacional.
