Tras el recuento de los muertos, más de 120, para todo el país ha comenzado el tiempo de la espera, marcado por una pregunta: “¿qué pasará ahora?”
El temor, que aumenta con el paso de las horas, es el de una posible represalia del Comando Vermelho. Uno de los principales líderes del grupo y primer objetivo de la operación del martes en el complejo de favelas do Alemao y da Penha, Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o Urso, sigue prófugo. Nadie sabe dónde se esconde ni quién lo protege. Se teme que sea el primero en presionar para que se produzca una venganza, reavivando una mecha que Brasil ya conoció en 2006 en San Pablo.
En aquel momento, fue el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), el que obligó a la capital financiera del país a un confinamiento forzoso durante una semana tras sembrar la muerte y el caos, atacando comisarías y matando a decenas de policías. El balance fue dramático, con más de 500 muertos. El motivo en 2006 fue la decisión de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de San Pablo de trasladar a 756 reclusos del PCC a la prisión de máxima seguridad de Presidente Venceslau, en el estado de San Pablo.
También en Río de Janeiro, en las últimas horas, las autoridades han decidido trasladar a los reclusos que forman la cúpula del Comando Vermelho, la llamada “Comisión”, en total una decena de personas, a una prisión estatal de máxima seguridad en Río de Janeiro, Bangu 1, a la espera de trasladarlos posteriormente a una de las prisiones federales del país consideradas más seguras.
Entre los reclusos que figuran en la lista se encuentran Marco Antonio Pereira Firmino, o My Thor, considerado uno de los principales líderes, y Rian Maurício Tavares Mota, también conocido como Da Marinha, famoso por ser un experto operador de drones. El objetivo es impedir la comunicación con los grandes jefes del Comando Vermelho, que ya se encuentran en prisiones federales, como Fernandinho Beira-Mar y Márcio dos Santos Nepomuceno, conocido como Marcinho VP, y sobre todo con el exterior.
Fuentes de la investigación han declarado a Infobae que la reacción del Comando Vermelho a la operación policial de ayer, con drones bomba y armas de alto calibre, fue ordenada desde el interior de la prisión de Bangu III. El Comando Vermelho, al igual que el Primer Comando de la Capital (PCC), es una organización criminal que nace en las cárceles sobre las que, al igual que el PCC, ejerce un control interno. Ahora se teme que desde las cárceles pueda comenzar una serie de revueltas para desestabilizar el país.
Una cuenta de Instagram, gestionada por personas cercanas a Marcinho VP, criticó la operación. “Hoy Río se ha convertido en escenario de luto e indignación. La favela pide paz”, se lee en la publicación, que incluye una foto con los muertos en la operación.
En otra publicación compartida, el comentario es más duro. “Lo que ha ocurrido en Complexo do Alemão y Penha tiene un nombre: ¡masacre!”.
La posibilidad de una venganza del Comando Vermelho en Río en las próximas horas y días es alta, también porque el gobierno de Río, a pesar de la polémica, sigue defendiendo la operación. El gobernador, Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, declaró que “la operación ha sido un éxito”, y añadió que “las víctimas solo han sido los policías”, que han sido cuatro.
El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, también ha anunciado que investigará por fraude procesal a quienes retiraron los cadáveres de las personas fallecidas en la zona boscosa alrededor de las favelas afectadas por la operación. Más de 70 cadáveres han sido trasladados en las últimas horas y expuestos públicamente en una plaza del Complexo da Penha.
“Vale la pena recordar, para desmentir ciertas narrativas, que parece haberse producido una especie de milagro con estos cadáveres. Estas personas se encontraban en el bosque, equipadas con trajes de camuflaje, chalecos antibalas y armas. Ahora, muchos de ellos aparecen solo en calzoncillos o pantalones cortos, sin ningún equipo, como si hubieran atravesado un portal y se hubieran cambiado de ropa”, dijo Curi.
Mucho dependerá también de cómo actúen los demás grupos criminales y de cómo pretendan sacar partido de lo ocurrido. El territorio de Río es desde hace tiempo objeto de disputa con las milicias, grupos paramilitares formados por antiguos agentes de policía convertidos en narcotraficantes que tienen todo el interés en ocupar ahora el espacio dejado por sus enemigos.
La decisión del PCC también podría influir en la evolución de los acontecimientos. A principios de año, el PCC firmó una tregua con el Comando Vermelho, que posteriormente se disolvió, pero aun así podría beneficiarse de la inestabilidad actual. Si las autoridades federales concentran sus esfuerzos en Río, esto podría aliviar la presión sobre San Pablo.
El impacto político de la operación tampoco debe descuidarse, sobre todo a largo plazo. De hecho, el enfrentamiento con el Gobierno federal no cesa. Castro ha vuelto a criticar su falta de apoyo diciendo que ahora espera “integración y financiación”. “No responderemos a ningún ministro o autoridad que quiera convertir este momento en una batalla política. El mensaje es: o se unen a la lucha contra la delincuencia o desaparecen”, afirmó.
Apenas unas horas después de la conclusión de la operación, Castro había polemizado diciendo que el Gobierno de Lula le había negado en tres ocasiones los blindados militares de la Marina brasileña. Según el sitio web de noticias Poder 360, entre los motivos del rechazo se encontraba el temor a que pudieran ser robados por los narcotraficantes.
Además, desde el punto de vista burocrático, para obtener esa autorización, el presidente Lula habría tenido que firmar la denominada Garantía de la Ley y el Orden (GLO), una especie de decreto de emergencia para la seguridad en el que se utilizan las Fuerzas Armadas, que ya ha firmado en su último mandato. Pero esto habría supuesto, según Poder 360, volver a recurrir a los ya elevados gastos del Gobierno. Sin embargo, según ha informado el gobernador de Pará, Helder Barbalho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Lula ha decidido en estas dramáticas horas que declarará la GLO durante la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30.
Tras la operación, se celebró una reunión de emergencia en la sede del palacio presidencial de Alvorada, a la que, además de los ministros, asistió el director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues. Según Rodrigues, la institución que dirige ha sido contactada por la Policía Militar de Río de Janeiro “a nivel operativo” en relación con una “gran operación” que se llevaría a cabo en la ciudad.
Sin embargo, la valoración de los altos mandos regionales de la Policía Federal fue que la operación “no era razonable” y no se ajustaba a su modus operandi. “Esto crea una situación políticamente embarazosa para el Gobierno federal. El Gobierno federal no sabe cómo reaccionar. ¿Veinticuatro horas después de la operación policial más letal con repercusión internacional, la medida es enviar a dos personas a hablar con el gobernador?”, declaró el comentarista de la cadena de televisión Globo Octavio Guedes, refiriéndose a la delegación enviada por el Gobierno federal a Río.
Además del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, figuran la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, y la de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, además del director general de la PF, Rodrigues. Ayer por la noche, Lewandowski anunció junto con Castro la creación de una oficina de emergencia para la lucha contra el crimen organizado, aunque no se han dado detalles sobre su funcionamiento.
Lula, que debería haber comentado lo sucedido durante la toma de posesión de Guilherme Boulos como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, no se pronunció. “La valoración que prevaleció fue que su discurso podría inflamar la disputa política. También se temía que el presidente cometiera otro error, como el que cometió durante su viaje a Malasia, cuando definió a los traficantes de drogas como víctimas de los consumidores de drogas, lo que habría sido explotado por la derecha”, escribe Vera Magalhaes en el diario O Globo.
El presidente brasileño se limitó a publicar un mensaje en X a última hora de la noche. “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y difundiendo drogas y violencia en las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que golpee la columna vertebral del narcotráfico sin poner en peligro a agentes de policía inocentes, niños y familias”, escribió.
El caso de Río de Janeiro puede convertirse ahora en un tema candente, ya que la seguridad es una de las cuestiones más importantes para los votantes brasileños y será fundamental en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año.
No es casualidad que el Congreso haya decidido entrar en el debate anunciando la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la operación de Río de Janeiro. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, ha anunciado que los trabajos comenzarán el próximo martes, 4 de noviembre.
“La comisión investigará la estructura, la expansión y el funcionamiento de la delincuencia organizada, centrándose en las actividades de las milicias y las facciones. Es hora de hacer frente a estos grupos delictivos con la unión de todas las instituciones estatales brasileñas, garantizando la protección de la población frente a la violencia que amenaza al país”, afirmó Alcolumbre.
Mientras tanto, el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes, también ponente del proceso contra Bolsonaro por acusación de golpe de Estado, ha convocado, a petición del Consejo Nacional de Derechos Humanos, al gobernador Castro para el próximo 3 de noviembre para que explique todos los puntos de la operación.
Lo que ahora se ha convertido en el caso Río de Janeiro corre el riesgo de complicar la vida de Lula también a nivel internacional. Es cierto que tiene a la ONU de su lado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado la operación en estas horas y ha pedido “investigaciones rápidas y eficaces”. En un comunicado firmado por el Alto Comisionado Volker Türk se cita el historial de alta letalidad de las operaciones policiales en el país latinoamericano y se pide a Brasil que “rompa el ciclo de brutalidad extrema”.
Pero la incógnita sigue siendo Estados Unidos. Tras el desbloqueo del diálogo entre Lula y Trump el pasado domingo en Kuala Lumpur (Malasia), sobre todo con vistas a la eliminación de los aranceles contra Brasil, la operación de Río de Janeiro pone el foco en un tema que en los últimos meses ha creado fricciones entre los dos Gobiernos.
Desde hace tiempo, Washington pide a Brasilia que designe tanto al PCC como al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, pero el Gobierno de Lula siempre se ha negado. El pasado mes de mayo, el ministro Lewandowski justificó la decisión diciendo que “los grupos terroristas son aquellos que causan disturbios sociales y políticos y que tienen una inclinación ideológica, algo que no pertenece a las organizaciones criminales”, afirmó.
Por su parte, Estados Unidos justifica esta medida como un instrumento para imponer sanciones mucho más severas. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro ya había sancionado al PCC junto con otras organizaciones criminales como los Guerreros Unidos de México. Ahora, precisamente el caos de Río de Janeiro podría aumentar las tensiones.
En su perfil X, Martin De Luca, el abogado estadounidense cercano a Donald Trump que representa a Trump Media y a la plataforma Rumble, ya escribió que “lo que está sucediendo en Río era inevitable. El Gobierno federal se ha quedado paralizado o no ha estado dispuesto a enfrentarse al PCC y al Comando Vermelho”, para luego añadir que “el Gobierno de Lula se ha negado” a aceptar la propuesta de Washington en nombre de la “soberanía”. “El Gobierno federal brasileño debe decidir qué tipo de soberanía quiere, la que protege a la población o la que protege a los delincuentes”, concluyó De Luca.
Mientras tanto, en estas horas, el Departamento de Estado, como es habitual en estos casos, ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajan a Río. “La situación está evolucionando rápidamente, por favor, presten atención a las noticias y a las aplicaciones de su teléfono”, se lee en el comunicado publicado en X.
