La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos celebró la audiencia de alegatos orales. Argumentó que que tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones.
Después de una audiencia clave que se desarrolló en Nueva York, la Procuración del Tesoro de la Nación se mostró confiada en la posibilidad de revertir la sentencia por US$16.000 millones que recae sobre la Argentina por la expropiación de YPF.
En Nueva York, los representantes legales de la República expusieron los argumentos de la apelación contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, a la que calificaron de “errónea” y basada en una interpretación equivocada del derecho argentino.
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación en un comunicado oficial, los abogados del Estado argentino hicieron foco en la necesidad de respetar la jurisdicción nacional en un caso que —según planteó— debería haberse tramitado ante los tribunales locales.
Durante la audiencia, los letrados remarcaron que la sentencia inicial se fundó en “ficciones jurídicas de graves consecuencias” y que el reclamo promovido por Petersen Energía y Eton Park Capital Management no tiene relación con el mercado bursátil estadounidense. Los fondos, recordaron, no adquirieron sus acciones en la oferta pública inicial de YPF de 1993, sino muchos años después, mediante operaciones privadas con Repsol en España, “rodeadas de serias sospechas de corrupción”.
La Procuración sostuvo que esos accionistas, junto con Repsol, “drenaron los recursos de YPF” a través del pago de dividendos extraordinarios antes de la expropiación, y que eran plenamente conscientes de que cualquier controversia debía resolverse conforme al derecho argentino.
En ese sentido, el comunicado subrayó que los demandantes “optaron por no acudir a los tribunales argentinos” y, años después, buscaron obtener una reparación en los Estados Unidos, donde ningún juez argentino habría llegado a las mismas conclusiones.
El comunicado oficial criticó directamente a Burford Capital, el fondo británico que compró el reclamo de Petersen por 15 millones de euros y que ahora busca una ganancia “superior al 37.000%”. “Burford está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria derivada de una controversia puramente doméstica”, señaló el texto. Y acusó que el fondo “busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República”.
La Procuración también enmarcó el caso en lo que describió como “el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner”, bajo los cuales “determinados grupos empresariales se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”. En ese contexto, acusó a los exaccionistas de Petersen de intentar beneficiarse nuevamente “a través de la especulación judicial en un tribunal extranjero sin competencia ni experiencia en derecho argentino”.
El organismo agradeció el respaldo de “varios Estados” que presentaron escritos de apoyo ante la Corte estadounidense, alineándose con la posición jurídica argentina, y manifestó su optimismo respecto del resultado de la apelación.
“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones”, concluyó el documento. De confirmarse, sería un triunfo clave para el Gobierno en uno de los litigios internacionales más costosos de la historia del país.
Los demandantes reaccionaron a los alegatos
“Los alegatos orales de hoy marcaron un buen día en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. El fallo del tribunal de distrito en este caso es sólido. El equipo legal de los demandantes presentó un caso contundente por la restitución que se les debe a los inversores (Petersen y Eton Park), y siguen confiando en que los hechos están de su lado y que se hará justicia, como ya ocurrió en el tribunal de distrito”, planteó Mike Fragoso, abogado de los demandantes.
Y agregó: “Al igual que en otras audiencias, los demandados no presentaron ninguna información nueva que pudiera cambiar el rumbo del caso. A medida que el proceso legal continúa, respetaremos los procedimientos judiciales y seguiremos participando de manera firme”.
“El gobierno de Argentina, a través de sus apelaciones, ha dejado claro que sigue intentando eludir las consecuencias de sus propias acciones -que causaron pérdidas por miles de millones de dólares a inversores y acreedores y que siguen sin ser saldadas hasta el día de hoy”, cuestionó.
Además, afirmó que “no son el primer demandado que intenta postergar el pago de sentencias millonarias en su contra utilizando el proceso de apelación. El fallo del tribunal de distrito ya es ejecutable a ese nivel. Estamos comprometidos a responder a cada intento de evitar y demorar el cumplimiento de la sentencia”.
