De manera extraoficial, circula información acerca de la investigación por los casos de trata de menores en la ciudad de Salta.
SALTA – De manera extraoficial, circula información acerca de la investigación por los casos de trata de menores en la ciudad de Salta. Se habla de una cifra superior a 30 victimas y vínculos con empresarios salteños.
La Fiscalía de Distrito ha formalizado una investigación penal contra un remisero y tres hombres, acusados de integrar una red de trata de personas que captaba a adolescentes de un colegio secundario para ofrecerlas en servicios sexuales. El juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, dictó prisión preventiva para los cuatro imputados tras el requerimiento del fiscal general, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal, Roxana Gual.
Los acusados están imputados como coautores de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, con agravantes por la vulnerabilidad y minoridad de las víctimas, así como la participación de más de tres personas. Un quinto investigado, un adolescente de 16 años, enfrenta cargos en calidad de partícipe secundario y será sometido a un régimen especial.
Qué argumenta la fiscalía
Según la fiscalía, el remisero desempeñaba un papel central en la captación de las adolescentes y en la organización de encuentros sexuales, que se llevaban a cabo principalmente en moteles y en la casa de uno de los explotadores. Hasta el momento, se han identificado tres víctimas.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Villalba calificó el caso como de «gravedad inusitada». Señaló que se trataba de la captación de niñas de una escuela para su explotación sexual y que hubo denuncias previas que no fueron adecuadamente atendidas por organismos del Estado, lo que permitió que la organización siguiera operando.
El remisero aprovechaba la confianza que los padres tenían en él para captar «de manera perversa» a las adolescentes. Las víctimas, bajo presión psicológica, veían al remisero como un facilitador de bienes materiales, mientras que otras temían represalias si revelaban lo que sucedía.
La investigación reveló una escala de precios para diferentes prácticas sexuales, que oscilaban entre 60 mil y 200 mil pesos. Los pagos se realizaban mediante transferencias o en efectivo y las citas generalmente tenían lugar al finalizar el horario escolar.
Además, el remisero ha sido acusado de abuso sexual en perjuicio de una niña de 12 años, hermana de una de las víctimas de 16. Este caso se originó a partir de una denuncia presentada el 26 de junio del año pasado, cuando la madre de una víctima descubrió mensajes sexuales en el celular de su hija.
Las víctimas
Los hechos involucran alumnos de la escuela Juan Carlos Saravia, ubicada en barrio Limache. A medida que avanza la investigación, se está citando a declarar a los menores que podrían tener información, mientras que el ministerio de educación mantiene todo con gran reserva y hermetismo.
La causa fue inicialmente tratada en la justicia provincial, pero luego se trasladó a la competencia federal tras la identificación de posibles delitos de trata de personas. La fiscalía retomó la investigación con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
En la audiencia de formalización, la fiscalía solicitó prisión preventiva para los cuatro acusados, argumentando la alta complejidad del caso y el riesgo de que otras víctimas no se presenten a declarar. El juez Bavio avaló la solicitud, enfatizando la necesidad de proteger la dignidad de los niños involucrados.
Los acusados han negado las imputaciones y sus defensores intentaron desestimar los cargos, pero la fiscalía presentó evidencias contundentes que respaldan la gravedad de los hechos.
La investigación continúa, y se espera que surjan más detalles a medida que avancen los peritajes y se convoquen a más víctimas a declarar.
