Fuente: Juez Regente Patricia Funes
La Corte Internacional de Justicia Real de la Gente, reunida en Congreso Internacional y liderada por la Juez Regente Patricia Funes, ha presentado al Dr. Pablo Yedlin como actor principal de los delitos configurados en la denuncia penal federal Nº35733, se adjuntó como prueba una denuncia administrativa ante la Oficina de Ética Pública contra Diputados de la Nación Argentina por la sanción y ejecución de la Ley 27491, que impone la vacunación obligatoria en el país.
La denuncia, respaldada por testigos y transmitida públicamente, señala a los legisladores nacionales como responsables de posibles violaciones a derechos fundamentales, tratados internacionales y normas de ética médica, por promover y ejecutar un esquema de vacunación sin debate científico plural ni garantías suficientes para la ciudadanía.
Como prueba central, se incorpora la *transcripción de la entrevista realizada por el periodista Pedro Moreno al Diputado Nacional Pablo Yedlin*, principal impulsor de la ley. En dicho fragmento, Yedlin reconoce la falta de debate científico en el Congreso y descalifica a quienes cuestionan la seguridad y eficacia de las vacunas, negando validez a voces críticas y a la posibilidad de discutir evidencias alternativas.
Según la denuncia, “no existe ningún debate contra la gente que miente”, en palabras de Yedlin, lo que evidencia la negativa de los legisladores a considerar objeciones científicas y éticas. Además, se señala que el Congreso Nacional otorgó espacio a posiciones unilaterales, afectando el derecho de la población a la información veraz y al consentimiento informado.
La denuncia administrativa solicita la investigación y sanción de los legisladores involucrados, y exige el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la libertad de elección, la protección de datos personales y la transparencia en la toma de decisiones públicas.
El Congreso Internacional que respalda la denuncia fue transmitido en vivo y validado por acto jurídico internacional por medio de Correo Argentino, otorgando legitimidad absoluta a los hechos denunciados.
La Corte Internacional de Justicia Real de la Gente reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la transparencia en la toma de decisiones públicas.
