El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), restituyó más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en todo el país. La medida se adoptó en cumplimiento del fallo del juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, quien ordenó reactivar los beneficios en un plazo de 24 horas y suspender nuevas bajas hasta la resolución.
El fallo se originó a partir de un amparo colectivo promovido por el Defensor del Pueblo de Catamarca, con la adhesión de asociaciones de personas con discapacidad, y extendió los efectos de la cautelar emitida en septiembre, que inicialmente solo regía para esa provincia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 12621/2025, firmada por el interventor de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches.
La justicia destacó que la mayoría de las suspensiones implementadas por el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, se realizaron sin auditoría programada y bajo condiciones desfavorables para los beneficiarios, quienes en muchos casos no recibieron intimaciones ni contaban con acceso a profesionales para validar su discapacidad. La resolución judicial ordena que se reanuden los pagos correspondientes y que la ANDIS se abstenga de iniciar nuevas auditorías mientras se mantenga la medida cautelar.
El juez Díaz Martínez enfatizó que la acción colectiva está fundamentada en un hecho homogéneo que afecta a todos los beneficiarios de las pensiones por discapacidad, permitiendo la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada. Además, subrayó la importancia de garantizar la legitimación del Defensor del Pueblo para representar a los afectados y señaló la necesidad de subsanar vacancias prolongadas en la Defensoría del Pueblo de la Nación y la falta de regulación de las acciones colectivas.
Las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la ANDIS en agosto de 2024 se ejecutó sin criterios claros, con requisitos de acceso poco accesibles y notificaciones defectuosas. El decreto 843/2024, que modificó los umbrales de discapacidad y amplió las causales de suspensión, fue cuestionado por vulnerar los derechos de los beneficiarios al dificultar su defensa administrativa.
Con la restitución de las pensiones, el Gobierno cumple con la resolución judicial, garantizando la continuidad de los beneficios mientras se espera la sentencia definitiva. La medida representa un avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y reafirma la necesidad de políticas públicas claras y accesibles en materia de asistencia social y discapacidad laboral.
