En los primeros nueve meses de 2025, las erogaciones indexadas, como jubilaciones y pensiones, tuvieron un aumento real moderado, mientras que las partidas no ajustadas -salarios públicos, obra pública y asistencia energética- bajaron.
En los primeros nueve meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El impacto abarcó a casi todos los sectores del Estado, con recortes profundos en salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo.
Entre los organismos más afectados figuran la Superintendencia de Servicios de Salud, con una reducción del 70% de su presupuesto, y varios hospitales nacionales con bajas que van del 30% al 38%. El Instituto Malbrán perdió el 22% de su ejecución, y la Anmat, encargada de fiscalizar medicamentos y alimentos, un 28%. El Incucai fue una de las pocas excepciones, con un incremento del 42% en sus partidas.
En el área científica, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una baja de 83%, mientras el Conicet, la Conace, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino registraron caídas de entre 19% y 35%. En el ámbito educativo: programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución, y los fondos para becas, formación docente y fortalecimiento edilicio cayeron hasta un 89 por ciento.
Los organismos de desarrollo productivo tampoco escaparon al ajuste. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su gasto 78%, el INTA 38% y el INTI 45%, lo que afectó directamente la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la asistencia técnica al sector industrial y agropecuario. La Comisión Nacional de Energía Atómica retrocedió un 44%, el ENRE un 22% y el Enargas un 28%, mientrasa persiste la discusión sobre la política energética y tarifaria nacional.
El área social también sufrió recortes de magnitud. La Anses redujo su ejecución en 7%, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en 72%. Los fondos destinados al Inaes se contrajeron 74%, y programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia directamente dejaron de ejecutarse o registraron caídas del 100% al 88%, según el estudio privado. Los comedores comunitarios y merenderos tuvieron un ajuste del 63 por ciento.
El Ministerio de Capital Humano, que concentró buena parte de las áreas sociales y educativas, fue el más afectado dentro de la estructura estatal. La caída del gasto en Educación fue del 49%, mientras que en Niñez y Familia alcanzó el 72%. Los recortes también alcanzaron al Ministerio de Economía (51%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro (53%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (21 por ciento).
Por el contrario, el gasto en inteligencia del Estado aumentó un 35% respecto de 2023.
En perspectiva
El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Ministerio de Economía y analizado por el CEPA proyecta la continuidad del ajuste con un nuevo marco normativo que consolida el “blindaje fiscal”.
El texto establece que si la recaudación supera lo previsto, el Gobierno reducirá impuestos; pero si los ingresos caen, deberá recortar el gasto discrecional, es decir, el destinado a áreas como salud, educación y desarrollo social.
El Presupuesto mantiene la meta de equilibrio financiero
Argañaraz aclaró, sin embargo, que el desafío de fondo no es solo cuantitativo sino cualitativo: “Después de un ajuste grueso, tiene que venir una sintonía fina. Si la reducción de gastos provoca una caída directa en los servicios que presta el Estado y la demanda social se mantiene, aparecen los cuellos de botella”. En ese punto, advirtió que la eficiencia no se mide únicamente por cuánto se gasta, sino por la capacidad de mantener los servicios públicos funcionando con menor presupuesto.
Daniel Garro, director de Value International Group, interpretó el desfinanciamiento como parte de una estrategia deliberada del Gobierno para “cerrar o debilitar organismos considerados ineficientes o redundantes”. Según explicó, “cuando la Ley Bases salió recortada y el Congreso o la Justicia impidieron avanzar con el cierre de ciertas dependencias, el Ejecutivo optó por desfinanciarlas”.
“El mensaje es claro -sostuvo Garro-: si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos. Se trata de una decisión política y fiscal: no hay plata, y si no se puede achicar por decreto, se achica por asfixia presupuestaria”.
En su análisis, el recorte no generará grandes disfunciones: “Muchos de esos organismos cumplen tareas que pueden hacer los privados, o son cajas políticas. Por eso, no habrá un impacto relevante en la actividad económica. Lo que el Gobierno busca es obligarlos a ajustarse, auditar sus gastos y eliminar ineficiencias”, conluyó Daniel Garro.
, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,3% del PBI. La proyección de crecimiento económico con 5% se ubica moderadamente por encima del consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, del 4,4 por ciento.
Del lado del gasto se consolida una política de recorte estructural en áreas sensibles. En educación, las partidas aumentan 4% nominal respecto de 2025. Las universidades nacionales siguen con recursos limitados, mientras los programas de becas estudiantiles muestran una caída acumulada del 76% desde 2023. En el Conicet, el recorte interanual será del 5,4%, acumulando una reducción de casi el 40% en tres años.
La Conae tendrá una partida 34% menor a la de 2025, mientras el INTA y el INTI registran caídas acumuladas del 44% y 49%, respectivamente. La Comisión Nacional de Energía Atómica perderá otro 13% interanual.
En el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá un nuevo recorte del 7,3%, mientras la Prestación Alimentar y los fondos para comedores comunitarios retrocederán 2% y 17%, respectivamente, ante la baja observada en los índices de pobreza e indigencia.
El CEPA advierte que el Presupuesto 2026 no solo mantiene el sesgo contractivo del gasto público, sino que incorpora medidas estructurales que agravan la situación de los organismos. Entre ellas, la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, la eliminación del 6% del PBI garantizado para educación, del 1% para ciencia y tecnología y del Fondef (Fondo de Defensa Nacional).
Menos peso en la economía
Según Hernán Letcher, director del CEPA, “La lógica del desfinanciamiento no se limita a la reducción del gasto, sino que afecta las capacidades institucionales del Estado: Cuando el Estado deja de invertir en innovación, en control o en salud, no solo achica su estructura, también pierde soberanía técnica y científica”.
Desde una óptica más fiscal, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que el proceso actual combina dos dinámicas: “El gasto total crece, pero por debajo del PBI, por lo que el Estado va perdiendo peso relativo en la economía”. En los primeros nueve meses del año, el gasto indexado -incluye jubilaciones y pensiones- aumentó 18% en términos reales, mientras el gasto no indexado, donde se concentran salarios, obra pública y subsidios, cayó 10% real.
“Lo que más está cayendo son los subsidios a la energía, la obra pública, los salarios públicos y los subsidios al transporte”, detalló Argañaraz, quien advirtió que esa combinación genera un efecto multiplicador negativo: “El menor poder adquisitivo de los empleados públicos se traduce en menor consumo, y la caída de la obra pública implica menos actividad económica en ese sector y en las cadenas que dependen de él”.
Según los cálculos del Iaraf, el gasto total crecería este año un 2,1% real, por debajo del ritmo de expansión de la economía. Eso implica que el gasto público pierde incidencia en el PBI y, al mismo tiempo, que el superávit fiscal se sostiene a costa de un ajuste cada vez más profundo.
Para alcanzar la meta del 1,6% del PBI acordada con el FMI, el Gobierno debería intensificar los recortes: “Debería bajar un 16% real el gasto no indexado en el último trimestre, cuando ya venía cayendo 10%”, apuntó.
