Un grupo numeroso de abogados presentó acciones de amparo tras el convenio firmado entre la Caja de Seguridad Social para Abogados y el Instituto Provincial de Salud (IPS), que reemplaza la cobertura familiar por un esquema de afiliación individual. La medida, que ya generó una cautelar, denuncia un fuerte aumento en las cuotas y el riesgo de dejar a familias sin asistencia.
La controversia se originó cuando los matriculados detectaron que el nuevo acuerdo elimina la cobertura para el grupo familiar y obliga a la afiliación individual, lo que, según denuncian los letrados, podría encarecer las cuotas “hasta un 400% o más” según la cantidad de beneficiarios. Esa situación motivó la presentación de amparos en distintos distritos judiciales, entre ellos Salta y Metán.
Roberto Teseyra, uno de los abogados que impulsó las acciones judiciales, afirmó que “nadie desearía tener que litigar contra su propia Caja de Seguridad Social”, y sostuvo que el cambio es “insostenible y paradójico”, al punto de que, según su criterio, podría resultar más conveniente para algunos profesionales afiliarse a la obra social por fuera de la Caja.
En respuesta a los reclamos, la Sala 3 del Tribunal de Impugnación dictó una medida cautelar que ordenó a las partes abstenerse de modificar las condiciones de afiliación vigentes para el afiliado titular y su grupo familiar, mientras la Justicia avanza en la tramitación del caso de fondo. A la causa ya empezaron a adherir otros abogados afectados.
El malestar entre los matriculados no sólo se dirige contra la Caja: también hay reproches hacia el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta por no haber promovido una acción colectiva o una intervención más temprana en defensa de los afiliados. Varios letrados cuestionan además la forma en que se gestionó el acuerdo, ya que la Caja habría convocado a una reunión informativa en septiembre cuando, según denuncian, el convenio ya estaba cerrado desde agosto.
La Caja publicó el pasado 29 de septiembre un comunicado explicando que el convenio anterior “se encontraba caído desde el 13 de julio de 2022” y que, tras la asunción del actual Consejo, se realizaron reuniones para evitar la pérdida de cobertura de los afiliados empadronados. La entidad sostuvo además que el convenio anterior incluía a 234 afiliados entre activos y pasivos y que mantenía “montos atrasados” en relación con las tarifas de mercado.
Según la Caja, el nuevo convenio “mantiene las preexistencias a los afiliados que venían con IPS”, aumenta el número de beneficios “al nivel de cualquier empleado público” y garantizaría continuidad a afiliados pasivos con el descuento del 50%. La institución añadió que, con el nuevo acuerdo, más de 4.000 afiliados podrían acceder al IPS.
En los expedientes judiciales los abogados exponen situaciones críticas: letrados con años de aportes que verían incrementos imposibles de afrontar, especialmente cuando se trata de familias con hijos o personas con discapacidad. Mientras tanto, la Justicia deberá definir si restablece la cobertura familiar o valida el nuevo esquema de afiliación individual acordado entre la Caja y el IPS.
